RESUMEN:El objetivo de este trabajo es evidenciar que en Chile no existe una normativa especial que imponga establecer perímetros de protección a las captaciones de agua potable para evitar su contaminación por las actividades potencialmente riesgosas vecinas a tales captaciones. A falta de esta norma especial, se aplica el Código de Aguas (y su nuevo Reglamento del año 2014) que considera un área de protección (fi ja) para los derechos de aprovechamiento de aguas. Se revisa cómo se determina esta área y cuál es su fi nalidad, para compararla con la normativa especial de las aguas minerales y las captaciones de agua potable. En síntesis, la regulación del Código resulta insufi ciente pues sus normas solo miran a aspectos cuantitativos, de interés del dueño del derecho de aprovechamiento de aguas, pero no sirve para proteger la calidad del acuífero como bien común.

El año 2010 se reformó la institucionalidad ambiental de Chile y se creó el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad (CMS). Antes de esta reforma cada sector podía dictar actos administrativos generales o específicos, sin contar con una integración coordinada en materias ambientales. Dada esta situación, se le entregó la competencia al CMS de pronunciarse sobre los proyectos de ley y actos administrativos que deriven tanto de la autoridad ambiental como de los organismos sectoriales con competencia en la materia. Sin embargo, tras diez años de implementada, es hace necesario revisar si la reforma ha cumplido el objetivo planteado. Para ello se revisaron los acuerdos adoptados por el CMS siguiendo las actas de sesión publicadas en la página web del organismo para el periodo comprendido entre 2010 y 2020. Los resultados muestran que la creación del CMS no ha contribuido significativamente a la incorporación de la variable ambiental. Además, se demuestra que los acuerdos relativos a las áreas protegidas juegan un rol relevante en la gestión conjunta que realiza el Ministerio de Medio Ambiente con otros ministerios sectoriales.