La colaboración interinstitucional en el Estado surge como efecto de una ola de reforma acuñada como nueva gerencia pública. A pesar de ser un objeto ampliamente estudiado, la colaboración interinstitucional aún plantea una agenda de investigación en desarrollo, en la que los estudios organizacionales tienen un rol de interés. Este artículo persigue un triple objetivo: i) situar la colaboración interinstitucional en el universo de interés de los estudios organizacionales; ii) explicar el contexto de la génesis de la colaboración interinstitucional como parte de debates sobre la organización del Estado; y iii) aportar a la literatura al identificar y describir las prácticas típicas de colaboración interinstitucional a partir de una revisión de literatura con enfoque de desarrollo teórico. Se ofrece un marco analítico basado en prácticas de colaboración y, como tal, un aporte al campo de estudios con una base que ofrece patrones y permitiría el desarrollo de estudios cuantitativos. El resultado arroja como prácticas típicas de colaboración inter-institucional i) la agregación de acciones sectoriales, ii) la consulta mutua, iii) la conformación de unidades, y iv) la conformación de comités y subcomités. La discusión elabora una lectura reflexiva de la tipología en tanto marco analítico para la indagación y la acción. A modo de cierre, el texto discute los factores habilitantes que aportan mayor operacionalidad a los mecanismos de colaboración interinstitucional según la literatura.

Si bien hay análisis sobre la garantía de derechos humanos en el país, pocos son los estudios que se aproximan a la reconstrucción histórica de las políticas en la materia. El documento parte del reconocimiento de que la acción pública es dinámica, pues es producto de la comunicación entre instituciones y condensa los disensos en la comprensión del concepto de derechos humanos. Así, las prioridades de intervención y sus alcances son resultado de las elecciones institucionales que pueden variar o perdurar en el tiempo. En este contexto, a partir del análisis del diálogo entre entidades intervinientes en las políticas en el tema, el artículo documenta la manera en la que se ha venido consolidando la noción de derechos humanos que sustenta la acción en la materia, específicamente en el gobierno Barco, que anuncia soluciones y, sobre todo, problemas vigentes en la agenda pública y en las actuales revindicaciones sociales.

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En un contexto en el que los derechos humanos, entendidos como uno de los temas centrales de las democracias modernas, sugiere tener importantes y, tal vez, suficientes avances en cuanto al acervo normativo previsto para su protección y exigibilidad desde la perspectiva jurídica, el presente documento traslada su centro de atención hacia los desafíos que su garantía representa para el sistema político que está llamado a gestionar políticas, pro­yectos y programas en derechos humanos. Una obligación que, si bien se constituye en uno de los pilares y finalidades del Estado, al menos el colombiano, no por eso resulta una tarea evidente por las características particu­lares del asunto por ser gestionado, en este caso, los derechos humanos (DD.HH.). En este orden de ideas, el presente artículo busca demostrar que, aunque los DD.HH. son el me­canismo indispensable de compensación de las sociedades funcionalmente diferenciadas, también podrían satisfacer características de un wicked problem para la administración que procura realizarlos a través de sus programas. Con este propósito, en un primer aparte, con base en la teoría general de los sistemas sociales, se esboza la función de los DD.HH. en las so­ciedades contemporáneas. A continuación, se delimitan los rasgos distintivos del concepto de los wicked problems propio del análisis de las políticas públicas. Finalmente, a partir de la revisión de los Planes de Acción en Derechos Humanos de 17 países, se pretende caracterizar los DD.HH. a la luz del contenido del concepto de wicked problem.