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En Argentina, la Ley Nacional de Salud Mental, Nº 26.657, del año 2010, indica disponer de un presupuesto determinado para realizar cambios particularmente significativos en las instituciones donde se internan pacientes por motivos de salud mental. Se promueve, en todo el país, la internación voluntaria o involuntaria en hospitales generales, a la vez que se anticipa el cierre de los hospitales especializados en salud mental. Sin embargo, algunas características demográficas y la marcada falta de accesibilidad a recursos especializados a lo largo del país permiten ubicar una fundada duda a dicha propuesta, aunque se dispusiera de los recursos indicados y, más aún, si se pretenden preservar los valiosos derechos que están en el espíritu de la Ley. El presente artículo se propone ilustrar y fundamentar clínicamente esta posición con el caso de la niña Mariela, en relación a pacientes de salud mental de todas las edades y criticar este aspecto de la Ley, señalando el riesgo para los usuarios de no crear sistemas de salud mental públicos de complejidad creciente accesibles a toda la población del país.