E l contexto es el siguiente. Encadenamiento de recesiones económicas que provoca fuertes descensos en los presupuestos públicos para el cumplimiento de los objetivos de déficit. Descensos en la renta disponible de las familias y aumento de la incertidumbre, asociados a una tasa de desempleo que supera el 26%. El consumo privado cae en picado y los presupuestos de las empresas para inversión en publicidad descienden radicalmente: los ingresos por publicidad en España en televisión y radio cayeron, desde 2008 y utilizando datos de Infoadex, un 41,1% y un 29,3% respectivamente. Esta situación, para el sector cultural, se traduce en disminución de presupuestos dedicados a cultura (y cuestionamiento de las ayudas públicas), descenso de la asistencia y de la financiación vía mercado, incremento de la dificultad de conseguir recursos procedentes del sector privado mercantil y, en los últimos meses, un incremento de la fiscalidad indirecta para buena parte de los bienes y servicios culturales, subiendo el tipo aplicado del IVA del 8% al 21% desde el 1 de septiembre del pasado año 2012.Pues bien, en enero de 2011, el Grupo Parlamentario Popular, entonces en la oposición, presentó la Proposición de Ley de modificación de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. La propuesta fue rechazada, pues tan sólo contó con el apoyo de los proponentes y de Coalición Canaria. Sin embargo, el debate celebrado en sede parlamentaria el 22 de marzo de 2011 presenta varios elementos de interés. Por un lado, la justificación de la propuesta. El entonces portavoz de Cultura del Grupo Popular y hoy Secretario de Estado de Cultura en el gobierno presidido por Mariano Rajoy manifestaba lo siguiente: «La proposición de ley que hoy presentamos supone, a nuestro modesto entender, un cambio de orientación estratégica en lo relativo a la política cultural. Hasta el momento, la política cultural de nuestro país ha girado alrededor de la subvención pública y a un intervencionismo público que ha protagonizado el Estado, las comunidades autónomas y los municipios. Hoy tenemos la oportunidad de introducir un cambio estratégico en el eje de gravedad de la política cultural. En primer lugar, atribuyendo a la sociedad civil el protagonismo, no solo en el hecho decisorio que sustenta la política cultural, sino al propio desarrollo de esta. Y, en segundo lugar, colocando a la libertad creativa y al estímulo de los emprendedores creativos como los soportes conceptuales de un nuevo diseño, insisto, de política cultural» (1). Parece claro que, más que promover el dotarse de mecanismos complementarios de financiación, el cambio de modelo de política cultural pú-blica formaba parte de los objetivos de la propuesta. En un momento tan grave de crisis económica, el propio sector cultural espera la nueva Ley de Mecenazgo que, derivada de la entonces proposición, contribuya a generar financiación para la cultura. Sin embargo, la pro-
