Este artículo analiza los aspectos relacionados con las Políticas de Acción Afirmativa aplicadas a estudiantes con discapacidad de la Universidad Técnica de Manabí. Las políticas de acción afirmativa, conocidas también como políticas públicas tuvieron sus inicios en Estados Unidos, creando acciones más eficaces contra la discriminación por sexo, color, cultura y discapacidad. Es necesario que las instituciones del estado garanticen una educación de calidad, que elimine los sesgos y crear oportunidades para las personas con discapacidad. El objetivo general es conocer las acciones de políticas afirmativas que se aplican a favor de las personas con discapacidad en la universidad antes mencionada. La presente investigación posee un enfoque cualitativo que permite identificar las Políticas y aplicación de Acción Afirmativa, con un proceso fenomenológico para conocer la figura a investigar, por medio de la apreciación y experiencia de la población escogida. Con alcance descriptivo y una investigación documenta obteniendo información a través de: revistas, libros y documentos oficiales. El universo de datos está constituido por 25 estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí, la muestra seleccionada para la investigación fue de 6 estudiantes de la universidad. Los resultados obtenidos evidencian que la implementación de Políticas de Acción Afirmativa en las instituciones de educación superior posee un rol destacado para tener un contexto educativo inclusivo. En el siguiente estudio se sugiere que las personas con discapacidad puedan acceder a su derecho a la educación sin barreras que dificulten su proceso de preparación académica, las mejoras en infraestructuras de los diferentes espacios a los que necesiten acceder, profesores capacitados en lengua de señas y tutorías de acompañamiento según la necesidad, por lo tanto, es importante continuar con investigaciones con la finalidad de obtener una visión más amplia. .
Con la creación de la superintendencia de economía popular y solidaria en el año 2012, el gobierno de Ecuador dio el primer paso en el proceso para la gestión y visibilidad de las finanzas populares; dicha entidad, acogió al sector cooperativo del país, clasificando a las instituciones por segmentos que van desde el 1 hasta el 5, siendo las del primer segmento las más grandes con activos por encima de 80’000.000 de dólares. En el año 2022, el gobierno ecuatoriano hizo avance en el campo ambiental y finanzas verdes, por medio de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que expidió la norma de control para la administración del Riesgo Ambiental y Social en las cooperativas de ahorro y crédito además de mutualistas, dicha resolución contiene los lineamientos para implementar un sistema SARAS que incluye una lista de exclusión de actividades económicas, las cuales no se ofrecerá servicios financieros a las actividades excluidas por sus implicaciones ambientales y sociales negativas, entre las que se encuentra la producción de bebidas alcohólicas (excepto cerveza y vino); sector al que pertenecen muchos microempresarios y emprendedores de la ciudad de Portoviejo quienes se dedican a la venta de rompope, mistelas y cocteles frutales productos que son parte de la cultura manabita y portovejense. La presente investigación procura medir la afectación de la aplicación de esta norma a los socios del sector de la producción o comercio de bebidas alcohólicas de la Cooperativa Comercio LTDA.
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