La justicia ha sido una cuestión teórica recurrente en las ciencias sociales críticas, entendiendo como tales aquellas que parten de un posicionamiento claro que rehúye de la objetividad pura de las ciencias naturales y que propone una actitud reflexiva explicitada e históricamente contextualizada de los procesos estudiados (Brenner et al., 2012). Ya en los años setenta, autores como Harvey intentan aplicar el concepto de justicia en el que se incluya un componente espacial, con lo que intentan desarrollar una teoría de justicia social territorial: que implique cubrir las necesidades en función de los ingresos obtenidos y redistribuir de tal manera que los territorios con una posición más desaventajada sean los más favorecidos (Harvey, 2014). Investigaciones como las de Young (2000), publicada inicialmente en 1990, contribuyeron a que los geógrafos se centraran, además de en los procesos de redistribución, en las diferencias en las formas de opresión y dominación a los grupos sociales subalternos (Young, 2000; Pzybylinski, 2022). Dentro de ese conjunto, las reflexiones centradas en el carácter de (in)justicia del proceso de urbanización son recurrentes (Lévy et al, 2018). Más concretamente, en lo que se refiere al ámbito puramente geográfico, autores como Hopkins analizan el compromiso de la subdisciplina de la Geografía social con la consecución de justicia social (Hopkins, 2021).A pesar de la importancia que la espacialidad ha asumido en el planteamiento de las cuestiones de justicia, tanto en su vertiente territorial como también temporal, fenómenos como el cambio climático, la integración de las economías nacionales en un sistema económico global, la creciente urbanización, la mejoría de las REFERENCIAS