“…Se dibuja, incluso, una sublínea dentro de los estudios fronterizos, que recoge los asesinatos de jóvenes producto del crimen organizado y de la respuesta estatal en Ciudad Juárez (Castañeda et al, 2013;Cruz, 2014;Monárrez, 2013;Salazar, 2014a). De esta manera, estos textos no pueden ser comprendidos por fuera de un contexto de producción marcado por «una histórica cultura de la impunidad y la ilegalidad, agudizado por el problema del narcotrá&co, las condiciones del neoliberalismo y la política federal de intervención policíaco-militar» (Sierra, 2011, p. 240) En segundo término, atendiendo al volumen de publicaciones, se ubican los trabajos que exploran prácticas juvenicidas en Colombia, las cuales deben ser enmarcadas en un con'icto armado que lleva varias décadas e involucra luchas guerrilleras, narcotrá&co, paramilitarismo e impunidad -cuando no complicidad del Estado-y que ha dejado «cientos de miles de víctimas de masacres y asesinatos selectivos, a las que hay que sumar muchos otros de desaparición forzada, desplazamiento forzoso, secuestros, ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento ilícito, tortura, minas y violencia sexual» (Muñoz & Valenzuela, 2020, p. 29) Algunas de las formas que asume el juvenicidio colombiano son las ejecuciones extrajudiciales del Estado, denominadas falsos positivos (Amador-Baquiro, 2016), los desplazamientos forzados (Rosales, 2021), así como la estigmatización que impide el desarrollo de una vida digna (Agudelo et al, 2019) y las estrategias simbólicas para justi&car y normalizar el exterminio (Gómez-Agudelo, 2018). Trabajos actuales registran el recrudecimiento de estas prácticas aún en la búsqueda de la convivencia pací&ca que transita Colombia (Rovira-Rubio & Montoya-Castaño, 2021).…”