Análisis crítico sobre el ordenamiento jurídico antidrogas contra el narcotráfico comparando la legislación ecuatoriana y venezolana.

Abstract

El propósito general del presente artículo fue realizar un análisis crítico sobre el ordenamiento jurídico antidrogas contra el Narcotráfico comparando la legislación ecuatoriana y venezolana. La investigación es tipo analítica, con enfoque cualitativo, el método utilizado es el hermenéutico jurídico, el diseño aplicado es de corte transversal y documental-bibliográfico, los resultados obtenidos se lograron gracias a la triangulación de la información obtenida de los textos legales y las entrevistas a profundidad realizadas a los informantes clave en el área. El presente trabajó permitió concluir que existen serias discrepancias en los presupuestos legales que formulan ambas legislaciones en materia de tráfico de drogas por cuanto el ordenamiento jurídico actual ecuatoriano resulta descontextualizado con respecto al marco legal internacional.

La tenencia de marihuana y los límites diferenciales de consumo y tráfico en el COIP

“…El tráfico de estas sustancias alude a la comercialización y distribución de las mismas, representado por un circuito económico denominado narcotráfico que constituye un sistema criminal que comprende una industria internacional organizada, dirigida y bajo el control de las redes o carteles que trascienden fronteras (Arrias et al, 2021). La consideración del tipo penal de distribución de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en su modalidad de cualquier forma de posesión y comercialización, así como de las sustancias químicas empleadas en su proceso de fabricación se encuentra sujeta a las disposiciones sobre las escalas, por lo que se analizan en la siguiente figura 1.…”

El poder punitivo del Estado Ecuatoriano y la proporcionalidad de la pena para el delito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en 2021: Caso estudio Manta

“…De acuerdo con Arrias et al (2021) el tráfico ilegal de narcótico se configura como un problema de gran magnitud a nivel mundial, en este contexto, Ecuador por su ubicación geográfica limítrofe con Colombia y Perú, que se caracterizan como los principales productores de hojas de cocaína, es utilizado como plataforma de tránsito para el tráfico de los estupefacientes, por esta razón, la legislación ecuatoriana cuenta con la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, con lo que se prevén los mecanismos para la prevención en el uso indebido y la comercialización de las sustancias sujetas a fiscalización, la investigación y la represión de los delitos tipificados en este ley.…”

Políticas públicas contra el tráfico ilícito de drogas y derecho a la salud, Región San Martín, 2010-2023

“…Otra institución encargada de la lucha contra el TID es el Ministerio Público que con Resolución N°061-2001-MP-FN en enero de 2001, determinó la formalización de las fiscalías provinciales especializadas en delitos de TID, entre ellas la Fiscalía de Tarapoto, que ya existían desde el año 1994 en la forma de subsistema descentralizado orientadas a abordar de manera integral, con eficacia y eficiencia, el fenómeno del TID y los delitos relacionados en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1241. Esta fiscalía en Tarapoto, tiene a cargo la ejecución de operativos en la jurisdicción, intervenciones y formalización de denuncias ante delitos de TID; actuando además cuando recibe la comunicación de la PNP en los procesos de destrucción e inhabilitación de pistas de aterrizaje, destrucción de medios de transporte utilizados en el transporte de drogas, la reducción de las áreas cocaleras, detención, así como en los procesos de eliminación de residuos y adherencias de drogas, que los pone a cargo de la PNP para que se pueda determinar su inutilización o destrucción.Respecto del derecho a la salud, como afectación del TID, es de reconocimiento mundial que el Narcotráfico constituye un grave problema de salud pública que ha llegado a afectar a la sociedad en todo el mundo, es un acto lesivo que se ha tipificado como delito en los diversos países, normado mediante varios tipos penales generando consecuencias jurídicas de carácter coactivo determinadas por los gobiernos, tomando en cuenta los altos daños que origina a las comunidades con la transgresión a bienes jurídicos tutelados, generando además una vulneración a la paz social(Arrias et al,. 2021).…”