Capacidades estatales y políticas públicas. Una propuesta para el abordaje de las políticas agropecuarias en la Argentina contemporánea (1991-2011).

Abstract

El objetivo de este trabajo consiste en recuperar el término “capacidades estatales” como herramienta para el análisis de políticas públicas pero, además, introducirlo como una alternativa de abordaje de la gestión de un tipo de políticas en particular: aquellas vinculadas al sector agropecuario en general y al desarrollo rural en particular. En este sentido, tales capacidades se relacionan con la posibilidad que tiene el Estado de investir –a través de sus distintas manifestaciones – tres atributos centrales: eficacia, eficiencia y sustentabilidad de sus acciones. A su vez, no necesariamente las capacidades estatales coinciden con las capacidades de gobierno, es decir, aquellas de corte temporal y no estructural de la institucionalidad prevista por aquél. De esta forma, interesa revisar y explorar el uso teórico del término “capacidades estatales” y, en particular, su recuperación en el análisis de la gestión de políticas para el sector agropecuario a nivel nacional en el período 1991-2011. Dicho período coincide con un contexto de reformas de intensidad al interior del Estado nacional que contribuyen a generar modelos alternativos de institucionalidad sectorial acorde a los diferentes paradigmas políticos que predominaron en uno u otro momento.

Aportes para el debate de las consecuencias políticas del conflicto agrario del 2008 en la Argentina

“…[9] Gradualmente se fueron sumando sectores urbanos de las grandes ciudades y la protesta fue cobrando cada vez mayor masividad. El conflicto progresivamente se extiende sobre todo a los sectores altos y medios urbanos de la sociedad y a las fuerzas políticas opositoras (Lattuada y Nogueira, 2012). En la última etapa se acentuaron la polarización y la violencia social (Barsky y Dávila, 2008).…”

“…Las acciones llevadas adelante desde el Ministerio de Agricultura lograron disminuir los niveles de conflictividad (Lattuada y Nogueira, 2012;Dávila, 2019). Sanz Cervino y Grimaldi (2020a) sostienen que la designación de Julián Domínguez como ministro de Agricultura de la Nación en octubre de 2009 tensionó la relación entre los dos bloques en que se dividía la Mesa de Enlace, el de los grandes productores representados por CRA y SRA, y el de los pequeños, representados por FAA.…”