La justicia ambiental urbana combina tanto elementos sociales como medioambientales, partiendo del reconocimiento que coexiste la desigual distribución espacial y social, tanto de los impactos medioambientales negativos, como de aquellas implicaciones positivas derivadas de la aplicación de normas y políticas públicas en materia de protección ambiental. Es decir, los instrumentos de planificación urbana han sido pieza clave en provocar, por acción, esa inequidad socio-ambiental. Así, el objetivo de este trabajo es relacionar la cuestión ambiental y social en el marco de la planeación urbana. El desarrollo urbano actual se ha gestado a partir de la existencia de dos fenómenos: la segregación socio espacial y la injusticia ambiental provocando que, en las ciudades mexicanas y en muchos otros territorios, los grupos sociales más desfavorecidos sufran, por decisión gubernamental, una carga desproporcionada y desigual de los efectos de la degradación ambiental debido a la autorización de fraccionamientos en sitios que presentan altos niveles de contaminación directa. Peor aún, estos mismos grupos no tienen el mismo acceso a bienes ambientales positivos. De esta manera, el crecimiento metropolitano y el desarrollo urbano han creado escenarios de discriminación o injusticia ambiental, violentando múltiples derechos de las personas que ahí habitan.