Continuidades y rupturas: La política de salud sexual y reproductiva chilena en cuatro gobiernos

Abstract

Chile fue el primer país latinoamericano en aborda la sexualidad como asunto público (1967), a partir de la instalación de programas internacionales de planificación familiar. Desde entonces, la política pública sobre salud sexual y reproductiva ha seguido una trayectoria fluctuante, pudiendo identificarse diferentes énfasis y marcos de interpretación: vinculados al control demográfico, la religión católica, a la salud pública y, más recientemente, a los derechos humanos. Si bien el itinerario de esta política es más extenso, el presente artículo propone un análisis comparativo –a partir de la revisión de documentos políticos y entrevista a actores clave— sobre las iniciativas emprendidas por los últimos cuatro gobiernos (2000-2018), integrando una perspectiva de género. El propósito es identificar énfasis, continuidades y rupturas, en cada mandato presidencial, en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos.

La necesidad de una constitucionalización de los derechos sexuales y reproductivos

“…Los esfuerzos para introducir temas asociados a la anticoncepción se remontan a las demandas de los movimientos de mujeres en los años 30 -del siglo pasado en que se exigía aborto y acceso a la anticoncepción. Era una cuestión de vida, salud y condiciones de vida para la mujer y su prole (27). Usar distintos métodos para controlar la fertilidad era una cuestión de prácticas y no estaba regulada por el derecho salvo la punición del aborto en el Código Penal de 1874 (28) salvando al facultativo quien, "sin abusar de su oficio" según el artículo 345 del Código Penal lo realizaba, más aún quien debía en cumplimiento de un deber realizar un aborto para proteger la vida o la salud de una gestante.…”

“Eso ya se está haciendo”: Análisis simétrico de la política chilena de educación de la sexualidad

“…En cambio, en Chile y Latinoamérica no se aprecia una abordaje desde estos lineamientos analíticos sobre la educación de la sexualidad, pero sí sobre la construcción y despliegue de las políticas de DDSSRR. Algunos de ellos dan cuenta de cómo en Chile ha existido una reticencia para la construcción de políticas claras y coherentes en la materia desde el fin de la última dictadura cívico-militar (Cubillos, 2019), producto de la existencia de diversos marcos que entran en conflictos los unos con los otros en la generación de un campo político constantemente tensionado (Martínez, 2020).…”