Con la creación de la superintendencia de economía popular y solidaria en el año 2012, el gobierno de Ecuador dio el primer paso en el proceso para la gestión y visibilidad de las finanzas populares; dicha entidad, acogió al sector cooperativo del país, clasificando a las instituciones por segmentos que van desde el 1 hasta el 5, siendo las del primer segmento las más grandes con activos por encima de 80’000.000 de dólares. En el año 2022, el gobierno ecuatoriano hizo avance en el campo ambiental y finanzas verdes, por medio de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que expidió la norma de control para la administración del Riesgo Ambiental y Social en las cooperativas de ahorro y crédito además de mutualistas, dicha resolución contiene los lineamientos para implementar un sistema SARAS que incluye una lista de exclusión de actividades económicas, las cuales no se ofrecerá servicios financieros a las actividades excluidas por sus implicaciones ambientales y sociales negativas, entre las que se encuentra la producción de bebidas alcohólicas (excepto cerveza y vino); sector al que pertenecen muchos microempresarios y emprendedores de la ciudad de Portoviejo quienes se dedican a la venta de rompope, mistelas y cocteles frutales productos que son parte de la cultura manabita y portovejense. La presente investigación procura medir la afectación de la aplicación de esta norma a los socios del sector de la producción o comercio de bebidas alcohólicas de la Cooperativa Comercio LTDA.