Corte Suprema y participación ciudadana: reflexiones a partir de una audiencia pública de la Corte argentina

Abstract

Las audiencias públicas que en la última década han instaurado los altos tribunales de Latinoamérica han sido consideradas uno de los puntos más novedosos en las prácticas constitucionales que abren la promesa de un vínculo más estrecho entre las instituciones judiciales y la ciudadanía. En este sentido, la apertura a la participación de la ciudadanía es la dimensión que ha acaparado las miradas de la teoría constitucional democráticamente orientada. Este trabajo se pregunta sobre los términos de la participación ciudadana en el ámbito de la Corte Suprema argentina, sobre el tipo de tensiones que se generan cuando ingresan al espacio cortesano actores ajenos a sus quehaceres y con ellos, nuevas formas de expresión y nuevas narrativas sobre los casos. Para ello, nos detenemos en una audiencia particular celebrada en noviembre de 2016, en un caso emblemático de lo que en su momento se denominó “la nueva Corte” instaurada luego de la crisis de 2001. En el artículo ofrecemos entonces una reflexión situada sobre lo que está en juego en las audiencias y en esta audiencia en particular, en base a registros etnográficos, entrevistas, observaciones de campo, análisis del expediente y fuentes secundarias, a la luz de los planteos teóricos del constitucionalismo democrático.

Resistencia de la escuela al reconocimiento de los derechos de estudiantes

“…Tal como lo sostiene Cruz (2018, p. 233), como parte de las luchas sociales (que son estrategias para aumentar el capital en el campo respectivo) se intenta llegar hasta el campo jurídico, en especial a las cortes de justicia, puesto que son órganos que estructuran a la sociedad en general y tienen el poder de regular a otros campos (como el escolar). Esta es una de las alternativas de la lucha social de estudiantes, como politización, al intentar alcanzar al Estado como garante de derechos (Alarcón, 2020), dentro de las posibilidades de la democracia cuando los con%ictos no pueden ser dirimidos en los campos no jurídicos (Aguirre et al, 2020;Sáenz & Barrera, 2020).…”