“…Más de una década después de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) celebrada el 13 de diciembre de 2006, en la que en su artículo 24 se planteaban actuaciones para conseguir un sistema de educación inclusivo en todos los niveles educativos y una enseñanza a lo largo de la vida; la escuela continúa siendo una institución que se rige bajo unos principios pedagógicos, metodológicos, organizativos, curri culares… -implícitos-que promueven la "selección de los mejores y debería decirse la exclusión de los peores"(Marchesi, 2008, p.17), es decir, continuamos asistiendo a prácticas -habituales-que se producen a partir de dos procesos -diagnóstico y exclusión escolar-independientes pero complementarios y que se configuran bajo unos principios alienantes y segregadores.Esto lo vemos reflejado, en primer lugar, al observar el diagnóstico -clínico, social, educativo…-, como un juicio valorativo -respaldado por pruebas psicométricas-inmerso en una realidad escolar nominalizadora e individualista del problema(Calderón, 2014), y que conduce a los docentes a tomar decisiones para compensar el déficit. A esta etapa diagnóstica -formal o informal-le suceden experiencias de segregación -espacial y/o curricular-, las cuales son el resultado de una organización escolar que la favorece(Parrilla, 2007) y cuya influencia recae en el currículum.…”