El objetivo es demostrar, a la luz de ejemplos de derecho comparado, que la consagración del principio de subsidiariedad en materia territorial conduce, en general, a un reforzamiento del poder central y a una recentralización normativa, o al riesgo de un gobierno de los jueces constitucionales en materia de organización políticoadministrativa. En este contexto, el reconocimiento de poderes implícitos en beneficio de los entes territoriales aparece como una alternativa adecuada.