Este artículo pone de manifiesto la tensión existente entre el arbitraje internacional de inversión, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional. Luego de exponer las principales objeciones frente al arbitraje internacional de inversión como la falta de transparencia, seguridad jurídica, legitimidad y responsabilización de los árbitros, se analiza la novedosa Sentencia c-252/2019 de la Corte Constitucional de Colombia y se analiza el rol virtuoso que debe ejercer la justicia constitucional respecto del arbitraje de inversión. Un razonamiento y una argumentación que tome en consideración los intereses y derechos del inversionista extranjero pueden contribuir a paliar los déficits estructurales del arbitraje de inversión y fortalecerlo. Desde la perspectiva del Estado receptor de la inversión, puede prevenir demandas internacionales o coadyuvar a eximirle de responsabilidad. Se plantea, entonces, la necesidad de un diálogo reflexivo y amplio entre estas dos formas de adjudicación de derecho público.