“…De otro lado, en la actualidad en el Perú, existe inseguridad ciudadana, la delincuencia ha evolucionado en las formas como delinquir (nuevos tipos penales: feminicidio, marcaje o reglaje, sicariato criminalidad organizada etc. ), y el Estado, como una forma de contrarrestar este fenómeno social de la delincuencia, ha puesto en funcionamiento una política criminal donde los beneficios penitenciarios son ciertamente restringidos (por el alto grado de discrecionalidad judicial) (Bonilla-Rojas & Vizcarra-Castillo, 2016); por lo tanto, eventualmente, no se cumplen los fines de resocialización: reeducación, readaptación e incorporación de las condenadas a la sociedad, así también, el margen de discrecionalidad que tienen los jueces penales, para otorgar estos beneficios es amplio, y eventualmente podría ser arbitrario.…”