En este estudio, profundizamos la investigación acerca del procedimiento administrativo como un conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo. En esa línea, cabe señalar que, el trámite administrativo punitivo, es la conjunción de acciones relacionadas al control administrativo. Bajo este criterio, la atribución de castigo que faculta a la administración del Estado, se sostiene en la autotutela administrativa. Los administrados, por lo cual, tienen atribuciones y garantías que van en concordancia al debido proceso. Asimismo, en el presente artículo, se demostró que la relación de la potestad sancionadora de la administración pública con el control judicial como tutela jurisdiccional efectiva, se da por las razones prismáticas que justifican las facultades coercitivas que contemplan las normas legales. En conclusión, consideramos que el marco legal constitucional interviniente como última ratio, de control jurisdiccional, solo se pone de manifiesto en la medida en que la normatividad lo permita, se cumplan los requisitos previos y se haya agotado el principio de la no vulneración de los Derechos Fundamentales en la administración pública.