El estudio tiene como objetivo cuantificar el presupuesto destinado al cambio climático en Bolivia para el período comprendido entre 2019 y 2023. Para ello, se utiliza la metodología propuesta por Guzmán (2022) que permite clasificar el presupuesto en cambio climático de manera sectorial, institucional y a nivel de programas, proyectos y actividades dentro del presupuesto general del Estado (PGE). Los resultados revelan una disminución del presupuesto en cambio climático, pasando del 3% al 1.4% como porcentaje del PGE durante el período mencionado. Además, se observa que, en promedio, el presupuesto destinado a actividades contrarias al cambio climático representa el 19% del PGE en el mismo lapso, superando a cinco países en la región: Argentina, Colombia, Jamaica, México y Perú. Estos resultados subrayan la falta de respaldo financiero a las políticas públicas relacionadas con el cambio climático por parte del gobierno central, mientras que se asigna un presupuesto considerable a sectores económicos contaminantes, como la minería y los hidrocarburos.