“…Esta cuestión implica negociar -en términos de sentido-la distinción entre lo público (el trabajo) y lo privado (la familia), y, dentro de esta última, las posibilidades que hombres y mujeres tienen para negociar roles en relación con el cuidado, el trabajo doméstico y la provisión de ingreso. Las cuestiones referidas a género y familia tienen, además, una dimensión valórica (la importancia social otorgada al rol materno, por ejemplo), lo cual implica que se requiere de un acuerdo político, relativamente fuerte y, por ello, un mayor grado de articulación discursiva, para lograr institucionalizar una política pública en esta área (Gómez, 2014). Asimismo, Blofield y Martínez (2014) y Staab (2017) destacan cómo la alteración del orden de género ahora vigente exigiría revisar una parte importante de la arquitectura de las leyes laborales y de bienestar social, que históricamente han asumido el trabajo femenino no remunerado -ya sea como trabajo doméstico y de cuidado o como actividades comunitarias no pagas-como base de las políticas, en especial las sociales, como parte del rol ciudadano de las mujeres.…”