El derecho de las partes a elegir la ley que gobierna sus contratos internacionales ha sido históricamente denegado en Latinoamérica, debido al principio de territorialidad de la ley. Varios proyectos regionales y nacionales para autorizar la autonomía de la voluntad han sido desechados argumentando la necesidad de proteger la soberanía nacional. Recientemente, algunos países han modificado sus leyes para aceptar esta autonomía. Esta modificación no les ha apartado de su tradición jurídica, sino que ha perfeccionado el principio de libertad contractual, que históricamente ha inspirado su derecho contractual.