Política hacendaria en México de 2013 a 2017. Una primera aproximación al sexenio

Abstract

En este trabajo se presenta un análisis preliminar del impacto de la reforma fiscal llevada a cabo al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto. En primer lugar se exponen las debilidades de la hacienda pública a las que se enfrentaba el nuevo gobierno, relacionadas con los ingresos —que dependían fuertemente de los recursos petroleros— y con los gastos. Debido a esas debilidades era indispensable una reforma fiscal que elevara las tasas impositivas, disminuyera la evasión y promoviera la formalización, entre otras medidas. En segundo lugar se describen los elementos centrales de la reforma presidencial y se revisan sus impactos en diversas variables. Son de especial relevancia la caída del precio del petróleo y la decisión del gobierno de mantener fijo el precio final de las gasolinas para evitar que disminuyeran sus ingresos, así como las repetidas fallas de los pronósticos de la economía que realizó. Se concluye que, aunque es insuficiente aún, la reforma fue exitosa en cuanto al aumento de la carga fiscal, el más elevado en un periodo tan corto, pues pasó de 8.4% del PIB en 2012 a 13.1% en 2017. No obstante, la reforma no evitó el uso de los remanentes de operación del Banco de México, ni el aumento de la deuda pública en casi 10 puntos del PIB.

Política tributaria: enfoque subnacional

“…Por su parte, es evidente que las administraciones gubernamentales de Yucatán, encabezadas por Rolando Zapata (2012-2018) y Mauricio Vila (2018-2024, han otorgado una considerable cantidad de estímulos fiscales, decretos y exenciones con un enfoque en la atracción de IED y el fomento del sector terciario, especialmente el turismo. Esto se refleja claramente en los elementos de su política tributaria y se puede observar en el esquema presentado en la Figura 4.…”

“…En lugar de ello, se han utilizado otras medidas para obtener recursos, por ejemplo, acciones recaudatorias y medidas correctivas, cuyo alcance ha sido limitado.En los últimos tiempos, México ha intentado llevar a cabo dos "reformas fiscales", una en el año 2001, durante la primera presidencia del Partido Acción Nacional, y otra en 2013, impulsada por el Partido Revolucionario Institucional y conocida por el Pacto por México, con el cual pudo ser aprobada. Ambas reformas buscaban aumentar la recaudación a través de impuestos indirectos, como el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), mientras que se simplificaba el impuesto sobre la renta (ISR).Sin embargo, en la primera reforma, el aumento en la recaudación fue insuficiente, con solo un incremento del 2% del PIB; en la segunda, se logró un aumento superior al 5%(Cárdenas, 2018), pero esto no impactó la progresividad del sistema fiscal, ya que la tasa marginal del ISR solo aumentó del 30% al 35% para los niveles más altos de ingresos y el coeficiente de Gini solo disminuyó de 0.47 a 0.46, entre 2016 y 2018.En la actualidad, el gobierno liderado por Andrés Manuel López Obrador tampoco ha implementado una reforma fiscal formal, pero ha adoptado diversas estrategias legales y administrativas para recaudar fondos a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT).Estas estrategias incluyen mejorar la eficiencia de la recaudación mediante la detección temprana de omisiones o inconsistencias en el cumplimiento de obligaciones, promover el pago de adeudos mediante acciones persuasivas e invitar a la regularización, reducir la evasión y la elusión mediante programas de fiscalización y combatir la corrupción mediante la identificación y denuncia de redes criminales. Estas estrategias, junto con esfuerzos anteriores, han…”