Posverdad y crisis de legitimidad

Abstract

Se dice que vivimos en la era de la posverdad; «la emoción determina la percepción de la realidad social, con mayor capacidad de influencia que los hechos y las pruebas contrastadas»[1]. Ha cambiado el paradigma comunicativo: Internet y los canales de difusión masiva hacen posible el viaje –instantáneo– de las noticias falsas a través de la red, empapando nuestro imaginario colectivo y el debate público. Y es que, la desinformación que generan las fake news puede llegar a adulterar el proceso de formación de la opinión pública y, en consecuencia, los mecanismos de legitimación de las instituciones democráticas. La magnitud del fenómeno ha despertado la preocupación de los poderes públicos a nivel mundial y comenzamos a ver las primeras propuestas de regulación para hacer frente al que se ha convertido en uno de los principales retos jurídicos de nuestro tiempo. El presente artículo tiene el objetivo de dibujar –a todo color– el mosaico de los desórdenes informativos[2] y las incipientes posibilidades de actuación.
 
 [1] Definición de posverdad –post-truth– palabra del año 2016, según el prestigioso Diccionario de Oxford. En ingles: «relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief». Disponible en: https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016
 [2] ‘Information disorder’ es el título del estudio elaborado por el Consejo de Europa, publicado en septiembre de 2017. Puede consultarse en: https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-researc/168076277c

Open Government in Spain: An Introspective Analysis

“…The nexus of these three classic pillars of open government is the provision of public sector information since, without access to the functioning of these institutions, it is very difficult to assess the management carried out (Galdámez-Morales 2019). This access to information will make it possible to open the windows of the public sector, reduce government opacity (Chapman and Hunt 1987), allow public scrutiny (Martínez-Rodríguez et al 2018), and facilitate monitoring (Galli et al 2019).…”