“…La competitividad ha sido medida con diferentes enfoques, y en el sector agropecuario no ha sido la excepción, así lo muestra la revisión de métodos aplicados realizada por García-García et al (2015), quienes encuentran que la competitividad en el sector agropecuario ha sido abordada predominantemente con una visión económica, no obstante, recientemente ha crecido el interés por incluir otras dimensiones como la social, política y ambiental. Las variables que se han incluido en la medición de la competitividad de empresas, cooperativas, cadenas productivas o industrias enteras provienen de las distintas dimensiones que se han mencionado e incluye el desempeño financiero y económico (Emam, 2011;Magaña Sánchez et al, 2010), la productividad (Girán et al, 2008;Moyano Fuentes et al, 2008), el precio de venta (De Pablo Valenciano et al, 2008), la innovación y tecnología (Aguilera-Enríquez et al, 2011;Khushk et al, 2011;Moyano Fuentes et al, 2008), la promoción y diferenciación del producto (Girán et al, 2008;Khushk et al, 2011), el capital disponible y acceso a crédito (Hussain & Naeem-ur-Remhan, 2011), la capacidad organizativa (Vivanco Aranda et al, 2010), el cuidado del ambiente (Girán et al, 2008) y las políticas públicas (Elbadawy et al, 2013). Por otro lado, se ha identificado que las principales desventajas para alcanzar la competitividad en la agricultura derivan de causas como reducido tamaño de la unidad de producción, escasa innovación y acceso a información, limitado acceso a mercados y mano de obra menos calificada (IICA, 2016 Una tarea que realiza el CIMMYT, en colaboración con universidades y centros de investigación, es evaluar el impacto de las intervenciones que lidera y que son efectuadas con recursos de carácter público, con el fin de identificar áreas de mejora en sus procesos.…”