“…Las reformas, activamente promovidas desde distintos organismos internacionales (BM, FMI, OECD), procuraban modernizar la Administración Pública Tradicional a partir de la incorporación dentro de lo público de una racionalidad económica y de herramientas de gerenciamiento propias de la empresa privada (Arellano-Gault, 2002;Hood, 1991;Guerrero, 2009;O´Flynn, 2007;Osborne & Gaebler, 1992). Entre otras características, este paradigma se ha caracterizado por la importancia dada a aspectos tales como las capacidades gerenciales, el control de gestión, la medición de resultados y su vinculación a la asignación presupuestaria, los sistemas de incentivos y de renta variable, la creación de mercados y espacios de competencia, la descentralización organizacional y la externalización hacia privados, la separación de las funciones de diseño y regulación (Estado) de las de implementación de programas (privados), el despliegue de nuevas herramientas e instrumentos de gestión de corte empresarial, y la diseminación de nuevos valores y sentidos del trabajo neo-manageriales ligados a la rentabilidad, competencia, calidad y eficiencia, entre otros (Dussauge, 2009a(Dussauge, , 2009bGarcía, 2007;Guerrero, 2009;Pliscoff-Varas 2017). La promesa de la NGP era que con dichas reformas los gobiernos lograrían dar un salto de eficiencia, calidad y transparencia en sus administraciones públicas, lo que resultaba prioritario en contextos socio-económicos de fuertes restricciones presupuestarias, creciente complejidad de la vida social y altas demandas ciudadanas (Arellano-Gault, 2002;Dussauge, 2009aDussauge, , 2009b.…”