“…Las continuas y sustentadas críticas a la división de funciones que se había realizado con la creación de la Junta Monetaria, al entregar a esta las responsabilidades del diseño de la política monetaria y cambiaria y al banco la obligación de ejecutarlas, amén de la integración de esta institución con funcionarios del Gobierno de turno, lo que permitió que muchas de las políticas trazadas fueran con un claro beneficio sectorial y en otras se facilitarán, de manera generosa, recursos al propio Gobierno para financiarlo, generaron una fuerte corriente de pensamiento en el país en procura de crear una entidad autónoma, independiente del Gobierno y que fuera, además de la responsable de la emisión de la moneda, encargada de diseñar las políticas monetarias, cambiarias y de crédito, todo ello en busca de una moneda sana; esto es, de controlar la inflación, que entre 1980 y 1987, se había movido en niveles entre el 18 % al 26 %, alcanzando en 1988, el 28 %. A las anteriores consideraciones se adicionaba el impulso que en Latinoamérica había cobrado la idea de que la inflación era más baja en los países con una banca central independiente (Steiner, 2017).…”