This article is intended to analyze the issue of the "right to be forgotten" on the internet. This concept will be analyzed, from its origins, as petitions to protect rights, filed with data protection agencies from European countries, until its present application, configured as a quasi-basic right framed within the sphere of the basic right to data protection. Also, this article analyzes the work performed by Agencia Española de Protección de Datos, that was the first European agency to decide on penalizing the search engines for the misuse of data during their operation. These cases were heard by the Audiencia Nacional that performed a brilliant prejudicial process (from a technical point of view) about the operation of search engines with respect to the setting of the right to be forgotten.
En la presente obra se pondrá de manifiesto la realidad jurídica existente en España, en relación al carácter abusivo de determinadas cláusulas en los contratos hipotecarios. Dichas cláusulas perjudican al consumidor hipotecario, siendo el ejemplo más paradigmático el de las denominadas cláusulas suelo que, limitan el tipo de interés mínimo variable. La Sentencia del Tribunal Supremo 241/2013 de 9 de mayo consagró el carácter abusivo de las cláusulas suelo, pero como después se expondrá, generó una enorme polémica en relación a los efectos de dicha declaración, discrepancias resueltas por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016.
Desde el derecho romano a los progenitores se les confieren una serie de prerrogativas para garantizar el cuidado de sus descendientes, conocidas como patria potestad. En la actualidad, los nativos digitales desde su más temprana adolescencia utilizan las redes sociales para comunicarse, sin ser muchas veces conscientes de los peligros que pueden encontrarse en las mismas. En razón de esos peligros, los progenitores deciden, amparándose en el ejercicio de su patria potestad, interferir en la actividad de sus hijos en las redes, llegando en ocasiones a utilizar sus contraseñas para conocer cuál es su actividad en las mismas. ¿Permite el ordenamiento jurídico dichas intromisiones en su esfera privada?
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