Southern European welfare states have developed relatively solid social insurance income maintenance programs, but have lacked effective means‐tested benefit systems to address poverty and protect outsiders. Spain and Portugal are usually considered the two first countries to depart from the traditional path with the creation of minimum income schemes between 1988 and 1995. In the Spanish case, minimum income programs were established at the regional level and are very heterogeneous despite their institutional stability. The limited extent of these programs in most Spanish regions must be put in the context of national means‐tested income support schemes in the fields of pensions and unemployment. The introduction of these programs in the 1980s was also a significant path departure. The combination of these programs has offered some income support to low income groups left unprotected by traditional insurance benefits, although in a patchy and limited way, especially as regards the working‐age population. The social effects of the Great Recession, especially in terms of long‐term unemployment, evictions and impoverishment, have reopened the debate on how to combat monetary poverty, which has been on the general election agenda since 2014–2015. Most regions have reformed their programs in different directions since 2008, under the contradictory pressures of growing demand and financial constraints. Such debate, however, has not been able yet to set a clear basis for a new development of anti‐poverty income support policy.

This is an introduction to the regional issue on the politics of safety net reform in Southern Europe during the Great Recession.

En este artículo exploramos los elementos que han incidido en la configuración sociohistórica del Tercer Sector de Acción Social (TSAS) como un actor destacado en el sistema mixto de bienestar español. Teniendo en cuenta que este proceso de creación y expansión de organizaciones privadas no lucrativas que operan en el ámbito social ha sido paralelo al proceso de descentralización de buena parte de la responsabilidad sobre las políticas sociales del Estado de bienestar español a las comunidades autónomas, nos preguntamos por las diferencias que han marcado las particulares trayectorias autonómicas del TSAS.Para ello nos basamos en fuentes secundarias y primarias (entrevistas y reuniones grupales) recogidas en el marco del proyecto PECOTSAS en una selección de casos autonómicos. Hemos estructurado el análisis comparativo a partir de tres tipos de elementos: a) los condicionantes políticos que posibilitan el TSAS; b) los condicionantes estructurales de desarrollo económico y territorial; y c) los actores sociales que protagonizan la movilización social vinculada a las organizaciones del TSAS. Los resultados apuntan a que las pautas de diferenciación autonómica del TSAS tiene raíces tanto en las formas de distribución desigual del poder resultantes del proceso de Transición democrática como en las diferencias en los patrones de desarrollo económico, distribución poblacional y tradiciones históricas de movilización social de las regiones españolas, sin perder de vista que estos elementos también inciden en diferencias intrarregionales.

España, a diferencia de otros países meridionales, recalibró desde los años 1980 su sistema de garantía de ingresos, conteniendo el nivel contributivo y creando un conjunto de programas asistenciales. A pesar de su significativo impacto, los límites e incoherencias de ese conjunto asistencial explican que, desde 2015, su reforma esté en la agenda política nacional. Aunque el conjunto existente tiene mayor impacto que sus equivalentes italiano o griego, su diseño está aún anclado en una concepción «fordista» que asocia empleo con seguridad económica. Este modelo se muestra insuficiente para hacer frente a las transformaciones de la estructura de los hogares, a las dificultades de acceso a la vivienda, pero sobre todo al crecimiento de formas precarias de participación en el empleo. El artículo analiza la trayectoria del conjunto de la garantía de ingresos en el que el nuevo Ingreso Mínimo Vital mejora apreciablemente la cobertura asistencial, pero deja sin resolver la adecuación del conjunto a las nuevas formas de empleo.