El presente artículo tiene como objetivo diseñar un instrumento para medir la producción científica de las universidades en Centroamérica. El contenido del instrumento se diseñó a través de la metodología propuesta por Orantes Pineda (2015), CONACYT (2011), Castro Rodríguez (2017), Rueda-Barrios & Rodenes-Adam (2016), así como Sáenz López & Rodríguez-Burgos (2014), así como de la experiencia de los autores. A partir de un análisis de contenido de estudios previos se diseñó un instrumento cuantitativo denominado Modelo de Evaluación Científica Rodríguez-Burgos & Rivas-Castillo, clasificado desde la teoría y la práctica en dos conceptos, 4 dimensiones, 21 indicadores y conformado por 120 ítems que evalúan el proceso de formación investigadora que reciben los docentes que realizan investigación en las universidades. Por otro lado también mide las habilidades adquiridas y como esto influye en la producción científica de ellos y sus instituciones, el instrumento se divide en dos conceptos procesos de formación y desarrollo de habilidades, los cuales abarcan cuatro dimensiones: capacitación en proyectos, capacitación en publicación y divulgación científica, realización de proyectos y visibilidad científica. La aplicación de este instrumento en Centroamérica permitirá determinar las áreas de oportunidad que tienen los países para aparecer en los rankings internacionales que evalúan la calidad internacional de las universidades
En la actualidad la información ya no se considera como algo inerte o estático, sino, como algo dinámico, debido a que es producida por el pensamiento humano, en este sentido, la información debe ser un patrimonio de la sociedad, es así, como la UNESCOconstantemente realiza foros internacionales para fomentar la creación de políticas públicas nacionales e internacionales en información científica.
El presente artículo es producto de una revisión bibliográfica, cuyo objetivo consistió en Mostrar la calidad de las universidades nicaragüenses según su posicionamiento en los principales rankings universitarios que se encargan de evaluar la calidad de las universidades, para conocer la realidad de las Instituciones de educación superior de Nicaragua. Se aplico el método de análisis, con un enfoque cualitativo, diseño no experimental, bajo un nivel documental-bibliográfico transversal. Tras la revisión documental se observó que: según las clasificaciones emitidas por el World Universities Rankings (QS), Webometrics y Scimago Institutions Rankings (SIR), no todas las instituciones de educación superior nicaragüenses son evaluadas por estos sistemas de medición, así como, que las instituciones evaluadas se posicionan en los últimos puestos. En el presente capitulo se abordará de manera general. Se concluye que existe una debilidad en la calidad de las instituciones de educación superior nicaragüenses, debido a su posicionamiento en los rankings que evalúan la calidad de estas, también, se concluye que la investigación es un factor determinante en la evaluación de la calidad del sistema educativo nicaragüense.
El presente documento tiene como principal objetivo identificar los mecanismos de participación ciudadana reconocidos por Estado de Nicaragua en este sentido, se establece la forma en como el Estado define y crea estos mecanismos, también, se describe la implementación de los instrumentos existentes en la materia en el país centroamericano, por último, se identifican los casos concretos en los que se haya utilizado alguno de los mecanismos de participación ciudadana. El método aplicado es de corte cualitativo, a través del método jurídico exegético, realizando una revisión de la normativa Nacional con relación al establecimiento de los mecanismos de participación ciudadana, así como la participación de los ciudadanos en los mismos. Se concluye que,aunque existe un marco normativo amplio en materia de participación ciudadana la misma no es acorde a la realidad del país, sin embargo, existe un leve crecimiento en el involucramiento de los individuos en las decisiones públicas a partir de la entrada en vigor de la ley de participación ciudadana del año 2003.
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