<p>Este artículo es producto de una investigación, incluye hallazgos de la fase cuantitativa de la tesis doctoral prevención y manejo de la discapacidad para trabajar: un análisis del sistema de riesgos laborales colombiano. Se realizó un análisis cuantitativo, teniendo en cuenta reflexiones encaminadas a la identificación de retos urgentes. Incluye la información suministrada por la Federación Colombiana de Aseguradores (FASECOLDA) que agrupa a las aseguradoras del sistema de riesgos laborales en Colombia y datos estadísticos obtenidos mediante investigación en la Junta Nacional de Calificación de Invalidez de Colombia. Tiene como propósito entender el comportamiento de los accidentes y enfermedades laborales en Colombia y las características sociodemográficas de los pacientes con incapacidad permanente parcial (IPP); con el fin de hacer reflexiones tendientes a servir de insumo en la construcción de política pública en el sistema de riesgos laborales colombiano</p>
En este mundo cambiante y lleno de retos, se hace cada vez más relevante y urgente confluir en principios y valores concretos, en busca de establecer un entendimiento común que dé fundamento sólido y ético a las acciones, donde los individuos, los Estados y las empresas deben llevar a cabo en las próximas décadas para salvaguardar y preservar nuestra existencia como sociedad y como raza. En este panorama adquieren vital relevancia los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (PRNU) (tablas 2, 3 y 4), los cuales son ampliamente conocidos como Principios de Ruggie, que John Ruggie, como secretario general de la ONU, logró su aceptación y posterior publicación en junio del 2011, después de años de arduo trabajo y esfuerzo conjunto. Estos principios están basados en tres pilares fundamentales: proteger, respetar y remediar; proteger los derechos humanos como obligación de los Estados; respetar los derechos humanos como responsabilidad de las empresas; y remediar los daños causados por las violaciones a los derechos humanos, mediante mecanismos eficaces y accesibles, implementados por los Estados y las empresas y son una herramienta conformada por 31 directrices. El presente artículo presenta una revisión del rol de las empresas de todos los niveles y estructuras, en materia de derechos unamos
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