La interrupción voluntaria del embarazo (en adelante IVE), se reglamentó en Colombia, a partir de la Sentencia C-355 del 2006 de la Corte Constitucional, bajo un modelo de causales, que a la postre, han sido insuficientes para promover, de manera efectiva, los derechos humanos de las mujeres, en tanto que estas, constantemente, se enfrentan a barreras sociales, económicas, jurídicas e institucionales que las obligan a mantener embarazos no planeados y no deseados; y, en consecuencia, maternidades forzadas que van en contravía de sus derechos a la vida, la integridad, la salud, la libertad y la autonomía sexual y reproductiva. En aras de promover una vida libre de violencias para las mujeres, organizaciones del movimiento social de mujeres interpusieron una demanda de inconstitucionalidad para que, luego de 16 años, la Corte Constitucional revisará la regulación existente en el país y posibilitará la despenalización total del aborto, con miras a centrar la discusión en el derecho a la igualdad y a que la IVE no esté regulada por el derecho penal, sino que, por el contrario, sea un asunto de salud pública, y, conforme a ello, se generen medidas afirmativas para que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres sean una realidad en el país. Finalmente, por medio de un fallo sin precedentes, el 21 de febrero de 2022, la Corte despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación y mantuvo el acceso a la IVE fuera de ese tiempo, siempre y cuando sea bajo las tres causales legales desde 2006; ampliando así la protección de los derechos reproductivos de las mujeres.
