Para el desarrollo del presente artículo se tomó en cuenta que a partir de la pandemia COVID-19 el día 17 de marzo del año 2020, a través de Decreto Presidencial No. 1017 se declaró el Estado de Emergencia emitido por el Presidente Constitucional de la República del Ecuador y con ello trajo consecuencias a la sociedad y una de ellas fueron los trámites y procesos judiciales, en materia referente al Código Orgánico General de Procesos, porque en los documentos se hizo uso de la firma electrónica, adjuntando además pruebas digitales que deben cumplir con los requisitos establecidos en la misma normativa y de esta forma ser resueltos por la autoridad competente.

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