EDITORIALSegún la definición de la OMS, se considera que un paciente tiene baja visión cuando su agudeza visual es inferior a 0,3, o su campo visual es menos o igual a 20 grados. Estos pacientes tienen derecho a la obtención de instrumentos ópticos auxiliares que les permitan aprovechar su visión bajo condiciones óptimas de iluminación y a recibir un adecuado adiestramiento para emplear su visión residual. Para ello se crearon las consultas de baja visión donde se realiza la rehabilitación visual. La OMS advierte que al menos un 1% de la población mundial, pero hasta un 2% de la población de la Unión Europea, sufre una deficiencia visual grave, incluyendo a estas personas en su clasificación de minusvalías en calidad de personas con baja visión.En este contexto el 1 de enero de 2007 ha entrado en vigor la ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia, conocida por todos como «la ley de dependencia».En el ámbito general se puede decir que esta ley tiene gran importancia porque reconoce un interés jurídico digno de protección, como es la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia.Además configura un nuevo derecho social universal y subjetivo para la ciudadanía, modificándose la posición jurídica de los ciudadanos frente a la prestación de servicios sociales.Mientras que en la mayoría de las leyes de servicios sociales de las diferentes comunidades autónomas, se reconoce el derecho a solicitar la prestación y a obtener una respuesta motivada a la petición, esta ley capacita a los ciudadanos residentes en el territo-rio español que por razón de edad, enfermedad, o discapacidad, posean importantes dificultades para realizar las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), para que puedan exigir la prestación de una serie de servicios que han sido recogidos en catálogos. Estos catálogos de servicios identifican las prestaciones básicas, a las que tiene derecho un ciudadano y constituyen una obligación para la administración.Hasta ahora, y con la legislación previa a esta ley, el Estado de Bienestar se sostenía sobre tres pilares (1) el Sistema Nacional de Salud (1986), la educación básica, obligatoria y gratuita (1985) y las prestaciones económicas, fundamentalmente pensiones, tanto contributivas como no contributivas (1990); a partir de la ley de dependencia a estos pilares se les unirá un cuarto que es el Sistema Nacional de Dependencia, constituyéndose como un medio para mejorar en la calidad de vida de las personas que dependen de otros para realizar las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).La nueva Ley de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia es la primera ley en España que realmente une lo social con lo sanitario. En otros países europeos como Gran Bretaña, la salud es considerada un servicio social (2), y además su experiencia en este campo es mucho más amplia teniendo en cuenta su trayectoria histórica.Desde hace varios años en todas las comunidades autón...