Investigación descriptiva que tiene como objetivo dar a conocer los derechos que los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Guerrero-México tienen a partir de los usos y costumbres como forma de vida interna, mismos que son reconocidos por tratados, convenios internacionales y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El problema que se expone radica esencialmente en las dificultades u obstáculos que no permiten el ejercicio pleno de este derecho; que van desde la falta de regulación en el marco jurídico, la resistencia al reconocimiento de estos derechos por las autoridades y la sociedad, generando discriminación, indiferencia, exclusión social y violación de derechos humanos. Así mismo, se pone énfasis en el proceso de lucha de los pueblos y comunidades indígenas en México, particularmente en el Estado de Guerrero, que han venido dando para que fueran reconocidos sus usos y costumbres como una forma distinta o no convencional al sistema jurídico preestablecido al momento de elegir a sus autoridades (presidente municipal). Por tal razón se analiza el comportamiento electoral de dos municipios indígenas del Estado de Guerrero, que iniciaron un proceso por el reconocimiento de sus usos y costumbres como un derecho a partir del año 2015, logrando un movimiento que obligó a las autoridades en materia electoral del Estado de Guerrero, a que reconocieran y generarán las condiciones y mecanismos jurídicos para que posteriormente se realizará la primera elección orientada por usos y costumbres en el municipio de Ayutla de los Libres Guerrero.

La relevancia que cobra la sustracción internacional de menores es de suma importancia, ya que representa un problema complejo para los padres o tutores, los estados involucrados y las autoridades administrativas y jurisdiccionales, particularmente, hacia los derechos de los menores y a su interés superior, el proceso de localización y restitución del menor, y el derecho internacional privado, como aquel que tiene como objetivo estudiar las relaciones jurídicas privadas internacionales, conflictos de competencia y leyes, la cooperación internacional, entre otras. Aunado a lo anterior, las implicaciones jurídicas, las limitantes y la aplicabilidad de los distintos instrumentos normativos nacionales e internacionales. Es relevante destacar la participación que en la realización del proyecto que origina este trabajo ha tenido la investigadora Georgina Isabel De León Vargas.

El presente es un estudio descriptivo de la violencia infringida a los adolescentes en conflicto con la ley penal y su relación con las conductas antisociales cometidas por este grupo étareo, recluidos en el Centro de Justicia Penal del municipio de Chilpancingo de los Bravos, Guerrero. Se seleccionó por conveniencia a 30 % de los ellos (28) utilizando un instrumento que fue elaborado por los autores, el cual consta de diez preguntas cerradas. La variable dependiente es la conducta antisocial cometida (efecto), y las variables independientes (causa) son la violencia y/o el maltrato. Los criterios de selección fueron edad de 14 a 18 años, ambos sexos, que se encontraran en el centro de reclusión al momento de la entrevista y que firmaran el consentimiento informado. Los datos se capturaron en el programa Microsot Excel y se calcularon la frecuencia y el porcentaje. Los resultados arrojaron que 100 % de los adolescentes encuestados presentó algún tipo de maltrato físico o psicológico, siendo agredidos mayormente por sus cuidadores (padres). Asimismo, 21 % afirmó haber sufrido abuso sexual, siendo el agresor más frecuente el padre o sustituto, o desconocidos. El delito mayormente cometido fue homicidio y lesiones con 26 %. De hecho, 11 % cometió más de un delito. Los delitos en su mayoria fueron cometidos por hombres, con edades de 15 a 17 años, con un nivel socioeconómico bajo y con escolaridad no concluida. No se encontró asociación entre maltrato y el tipo de delito cometido.

La relevancia que cobra la sustracción internacional de menores es de suma importancia, ya que representa un problema complejo para los padres o tutores, los estados involucrados y las autoridades administrativas y jurisdiccionales, particularmente, hacia los derechos de los menores y a su interés superior, el proceso de localización y restitución del menor, y el derecho internacional privado, como aquel que tiene como objetivo estudiar las relaciones jurídicas privadas internacionales, conflictos de competencia y leyes, la cooperación internacional, entre otras. Aunado a lo anterior, las implicaciones jurídicas, las limitantes y la aplicabilidad de los distintos instrumentos normativos nacionales e internacionales. Es relevante destacar la participación que en la realización del proyecto que origina este trabajo ha tenido la investigadoraGeorgina Isabel De León Vargas

Se trata de una investigación jurídica, documental descriptiva que propone una nueva terminología para sustituir el concepto de animal por el de seres sintientes en el marco jurídico mexicano. Expone la inexistencia de directrices generales en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer y garantizar de manera real los derechos de estos seres. La dispersión legislativa y la falta de reconocimiento limitan su protección y bienestar. Se analiza el marco jurídico y estudios en la materia, teorías, instrumentos de carácter internacional y se propone que los seres sintientes deben ser sujetos de derechos. A pesar de que en México las 32 entidades federativas tienen leyes de protección animal, no son suficientes para garantizar el derecho a la vida, la libertad, al no maltrato y a la salud de los seres sintientes. En la legislación no existen sanciones de carácter penal que contribuyan a prevenir, erradicar los abusos y actos inhumanos hacia estos seres y las investigaciones en este campo son incipientes.