This article examines the contributions to transitional justice made by the National Commission on the Disappearance of Persons (CONADEP) in Argentina; a commission established in December 1983 by then constitutional president, Raúl Alfonsín, to investigate the fate of the disappeared. In particular, the article analyzes how CONADEP's inquiry simultaneously served the functions of creating a new public truth about the crimes-which were based on secrecy, the destruction of evidence and concealment by the state-and of collecting essential legal evidence necessary for the prosecution of perpetrators. Finally, it explains the success of the inquiry, which was a result of the combined efforts of Alfonsín's democratic administration and the Argentinian human rights movement.

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RESUMENEste artículo historiza las etapas que ha recorrido, desde hace cuarenta años cuando se produjo el último golpe de Estado, la memoria social de la dictadura y el período de violencia política que recorrió la Argentina durante los años setenta del siglo XX y su figura emblemática, los desaparecidos. Luego de trazar un perfil general de las dimensiones cuantitativas y cualitativas de la violencia de Estado que atravesó el país, se presentan los diversos contextos políticos e institucionales que signaron cada etapa por el cual atravesó la memoria social sobre este proceso, los actores principales que intervinieron en las luchas por dotar de sentido a este pasado, y las claves narrativas e interpretativas que enarbolaron en esos enfrentamientos. El artículo propone y demuestra que la historia de la memoria no es resultado directo de la voluntad del poder y que, en el caso argentino, la memoria dominante ha sido y es producto de las iniciativas de verdad y justicia que propuso, en diversas coyunturas, el movimiento de derechos humanos. Esa perspectiva fue, luego, asumida por diversas conducciones del Estado. En cambio, las propuestas de olvido e impunidad, impulsadas por diversas conducciones estatales, fueron derrotadas por la hegemonía construida, en la esfera pública, por el movimiento de derechos humanos respecto a cómo tramitar las violaciones a los derechos humanos sucedidas en el país.

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