<p>Las recientes Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anulan el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, tras dos años de vigencia y, nuevamente, los motivos de tales resoluciones judiciales, no desconocidos para esta Comunidad Autónoma que ya en 2015 se enfrentaba a la nulidad de otro de sus instrumentos de planificación territorial, el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de Málaga, hacen necesaria una nueva reflexión sobre la importancia que la tramitación y el estricto cumplimiento de las cuestiones formales en la aprobación de los instrumentos de planificación territorial tienen en la práctica jurídica.</p>

El avance de las políticas urbanas en el marco del derecho a la ciudad y la paulatina inclusión del principio de desarrollo territorial y urbano sostenible, lleva a que cada vez estén más presentes aspectos como la perspectiva de género, la sostenibilidad, la cohesión social o la participación, en suma, la búsqueda de ciudades más inclusivas, más humanas y más habitables. En no demasiado tiempo, se ha pasado de tratar de garantizar el cumplimiento de determinados aspectos en el planeamiento a través de los correspondientes informes, trámite formal desde el punto de vista procedimental, a la inclusión de criterios en los nuevos modelos de desarrollo territorial y urbano con la incorporación de medidas concretas dirigidas a su efectividad. El trabajo se centra por un lado en analizar cuándo es exigible el informe de impacto de género a la luz de la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo y por otro la novedad que supone el expreso reconocimiento en sede jurisdiccional del derecho a la ciudad y el principio de igualdad de trato, inspirador de la nueva concepción del desarrollo urbano y territorial sostenible, así como su paulatina inclusión en los marcos legislativos autonómicos.

El cambio climático y la degradación del medio ambiente constituyen, desafortunadamente, una amenaza a nivel mundial. Europa, en un firme propósito por superar los retos que supone, aboga por una nueva estrategia de crecimiento capaz de transformarla en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, con un triple objetivo de partida: dejar de producir emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050; un crecimiento económico disociado del uso de recursos; que ninguna persona ni lugar se queden atrás. El logro de una economía sostenible en la Unión Europea toma, en principio, como hoja de ruta el Pacto Verde Europeo, pero trata de ir más allá en su propósito de ser climáticamente neutra en 2050, para lo que se ha propuesto una Ley Europea del Clima que convierta el actual compromiso político en una obligación legal. Climate change and environmental degradation are unfortunately a global threat. Europe, in a firm resolve to overcome the challenges it poses, advocates a new growth strategy capable of transforming it into a modern, resource-efficient and competitive economy, with a threefold objective: to stop producing net greenhouse gas emissions by 2050; economic growth decoupled from resource use; that no person or place is left behind. The achievement of a sustainable economy in the European Union takes, in principle, as a roadmap the European Green Deal, but tries to go further in its aim to be climate neutral in 2050 for which it has proposed a European Climate Law that turns the current political commitment into a legal obligation.

La participación ciudadana en el urbanismo ha pasado de identificarse con el trámite preceptivo de información pública a tener autonomía en las diferentes legislaciones, generándose nuevos mecanismos que complementan y amplían los cauces de participación. La ciudadanía se convierte en elemento fundamental en la conformación de los modelos urbanos, participando de manera activa en su definición. Las nuevas tecnologías, la transparencia, la gobernanza y la toma de consciencia del valor y el activo que representa la ciudadanía, conocedora de las debilidades y oportunidades de su pueblo o ciudad, se tornan en una realidad que vienen acogiendo algunas legislaciones urbanísticas. De la mera enunciación como principios, en los últimos tiempos comienzan a implementarse criterios y mecanismos concretos dirigidos al logro de una efectiva y real implicación de la ciudadanía en la concreción del modelo de pueblo o ciudad en el que aspira a vivir.

La sostenibilidad, en su triple vertiente, social, ambiental y económica, es un reto para diferentes políticas públicas, sin embargo, en materias como la ordenación del territorio o el urbanismo, se está ante una imperiosa necesidad. Por su parte, el avance de las políticas territoriales constituye otra asignatura pendiente en buena parte de las Comunidades Autónomas. En este contexto, se aborda, centrado en Extremadura, cómo vienen avanzando ambas cuestiones, pero, además, desde una perspectiva integradora orientada a una planificación territorial sustentada en la sostenibilidad. El presente trabajo se propone exponer la evolución que las políticas territoriales han tenido en Extremadura, el impulso dado en los últimos años, la situación actual que presenta y los retos aún pendientes por resolver, todo ello bajo el cambio de paradigma acaecido con la promulgación de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura.