La anulación del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía: ¿nuevas dificultades en la planificación territorial de Andalucía?

Abstract

<p>Las recientes Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anulan el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, tras dos años de vigencia y, nuevamente, los motivos de tales resoluciones judiciales, no desconocidos para esta Comunidad Autónoma que ya en 2015 se enfrentaba a la nulidad de otro de sus instrumentos de planificación territorial, el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de Málaga, hacen necesaria una nueva reflexión sobre la importancia que la tramitación y el estricto cumplimiento de las cuestiones formales en la aprobación de los instrumentos de planificación territorial tienen en la práctica jurídica.</p>

El papel de los planes territoriales en el enfrentamiento de dos modelos territoriales yuxtapuestos: el conflicto jurídico de Maro (Nerja, Málaga)

“…Los objetivos generales del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía eran, por un lado, proteger de la urbanización aquellas áreas con valores ambientales, paisajísticos, naturales, culturales, forestales y agrícolas de las áreas litorales; impedir el establecimiento de barreras urbanas que eviten las conexiones entre los biomas del interior y la costa, por otro; y la conciliación del SNU (Burgos, 2018).…”

“…Desde hace años, queda de manifiesto que los planes de ordenación territorial vienen sufriendo un segundo "filtro" tras el largo y complejo recorrido que supone su aprobación definitiva, y es el de pasar por los tribunales de justicia. Siendo la principal causa de la nulidad las cuestiones formales, impide analizar el contenido de fondo de estos, por lo que, en caso de aprobarse de nuevo el Plan, se tendría que pasar de nuevo por el proceso judicial para analizar su contenido -modelo, normas, directrices y objetivos-, un componente que sin duda eterniza el proceso de aprobación de planes, si además sumamos a ello el tiempo de elaboración de estos, y lo que desemboca en una situación de incertidumbre jurídica, tanto para la Administración pública como para la población en general (Burgos, 2018).…”