El reconocimiento de los derechos humanos motivó la decisión internacional de proteger a los ciudadanos del uso desmedido del poder punitivo del Estado y con ello la necesidad de articular ciertas garantías y principios en pro de hacer efectiva dicha protección, entre estos el debido proceso y en especial el principio de favorabilidad. Este trabajo tiene como propósito determinar la vigencia del principio de favorabilidad frente a los nuevos procedimientos del Código Orgánico Integral Penal; el estudio se sustenta en los métodos analítico-sintético, hermenéutico, exegético, revisión documental, los materiales bibliográficos (ensayos, artículos científicos, tesis, libros, documentos normativos, etc.) se obtuvieron de diferentes fuentes electrónicas y físicas. Entre los principales hallazgos se encuentra el carácter convencional, constitucional y legal del principio de favorabilidad; su contenido sustantivo, procedimental y ejecutivo; y su condición retroactiva. Es un derecho humano fundamental que en Ecuador es considerado un principio autónomo e independiente del principio de legalidad. La divulgación de estos hallazgos permitirá la actualización de los conocimientos de los interesados en el tema.

El presente trabajo es producto del proyecto de investigación “Eficacia procesal en el enjuiciamiento criminal a las personas jurídicas en el Ecuador”; tiene por objetivo el análisis de aspectos teóricos, legales y empíricos de la problemática que representa para las personas jurídicas la regulación procesal de las medidas cautelares y la imposición de éstas cuando aquéllas son parte pasiva del proceso penal. La investigación de carácter exploratorio y con enfoque cuanti-cualitativo, contó con los métodos de revisión documental, exegético, analítico-sintético, estadístico y triangulación teórica; así como de la técnica de entrevista. Entre los principales hallazgos se destacan la existencia de limitaciones y fisuras en la socialización e introducción del sistema de RPPJ, así como los efectos de medidas cautelares para las corporaciones cuando se encuentran la calidad de sujetos pasivos del proceso penal. Por otra parte, el COIP no cuenta con normativas que permitan encontrar criterios específicos de aplicación de estas medidas; no obstante, son aplicables a las personas naturales y jurídicas en la medida que les son compatibles. Los resultados contribuyen de forma crítica y objetiva al debate y al planteamiento de estrategias para el abordaje de lege lata de estos conocimientos en el quehacer jurídico-social.

El presente es uno de los temas que incardina el Derecho penal moderno como corolario expansionismo del Derecho penal. La responsabilidad penal de la persona jurídica en los delitos ambientales constituye una de las herramientas normativas de combate contra la afectación al medioambiente por parte de las empresas que se dedican a actividades sensibles a la naturaleza en particular y al medioambiente en general. El objetivo del presente artículo es reflexionar la institución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la comisión de delitos ambientales bajo la luz del ordenamiento jurídico penal ecuatoriano, destacando sus particularidades y utilizando para tales efectos el análisis sistemático y dogmático de la normativa penal. Se concluye por una parte que el debate a nivel político criminal respecto de la inclusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el seno de la normativa penal ecuatoriana es pobre y, por otra parte, que más allá de su tipificación formal desde la vigencia de esta clase responsabilidad, aún la jurisprudencia ecuatoriana no ha dado sus primeros pasos para explicarla desde la lógica argumentativa.

El presente trabajo tiene por objetivo analizar la tipificación de la delincuencia organizada como delito autónomo, sobre la base de la complejidad de las relaciones sociales producto de la globalización, así como el aprovechamiento de estos avances por parte de la delincuencia. El estudio fue sistematizado a través de los métodos de revisión bibliográfica, análisis gramatical, analítico-sintético y exegético, así como de la técnica de análisis de contenido.  Entre los principales hallazgos se encuentra, la apreciación dividida que existe por parte de la doctrina respecto de la necesidad de tipificación autónoma del delito de delincuencia organizada, siendo pertinente destacar que, un gran grupo de juristas consideran el delito de delincuencia organizada como un delito medio, por lo que su tipificación no es compartida. Se concluye que el legislador ecuatoriano ha tipificado el delito de delincuencia organizada como parte de las recomendaciones internacionales, redactando este tipo con algunas diferencias respecto al de asociación ilícita, determinando en tales diferencias su utilidad

Dentro del sistema de obtención de licencias en el Ecuador, los conductores van adquiriendo progresivamente habilidades que les permiten utilizar vehículos de mayor complejidad conforme avanza su capacitación. Bajo esta modalidad, se sobreentiende lógicamente que un conductor de vehículos pesados sabe conducir toda la gama de vehículos que están por debajo de éste. Sin embargo, el COIP sanciona como contravención la conducción de vehículos con licencias diferentes a las necesarias, cuando lo correcto sería el uso de licencias inferiores a la necesaria. En este contexto se realizó este estudio descriptivo tipo revisión documental con enfoque cualitativo, que tiene como objetivo analizar la falta de regulación del incorrecto uso de licencias de conducir en el Ecuador; en su cumplimiento se aplicaron los métodos: exegético, revisión bibliográfica y revisión documental, así como la técnica de análisis de contenido, lo que permitió analizar los principales cuerpos normativos del ordenamiento jurídico ecuatoriano que regulan la materia de tránsito, concluyendo que el sistema normativo ecuatoriano en materia de tránsito es completo y complejo, pero necesita de pequeñas reformas para así lograr un mejor cumplimiento y respeto de las leyes de tránsito.