En el desarrollo del conflicto armado colombiano, se han generado innumerables dinámicas de economías ilícitas; no obstante, este aspecto tiene como relevancia especial el incremento de las actividades que se han presentado sobre la extracción ilícita de yacimientos mineros. Lo anterior ha facilitado, por causa de diversos factores como, la mutación y la capacidad de adaptación de las organizaciones delincuenciales, el afianzamiento de las condiciones para su crecimiento y la ausencia del control institucional o su débil presencia en las regiones del territorio. Ocasionando de esta manera, el incremento de espacios vacíos de autoridad y esto a su vez, favorece la marginalidad social, política y económica que se refleja en la falta de satisfacción de las necesidades básicas, siendo este un escenario de gran provecho para las estructuras delictivas. En contraste, y junto al impacto ambiental e irreversible que la extracción ilícita de yacimientos mineros ocasiona en el agua, la biodiversidad y el medioambiente (contemplados como activos estratégicos de la nación por la “Política de Defensa y Seguridad” 2019-2022), se debe buscar la forma más efectiva de contrarrestar esta práctica destructiva, para así defender y proteger de acuerdo con el mandato constitucional los recursos vitales para la supervivencia de la nación y que adicionalmente hacen parte de los intereses nacionales y prevalentes; por lo que son prioridad para la seguridad nacional. Precisamente, lo anterior permite la generación de mecanismos que facilitan la articulación del esfuerzo de la acción unificada del Estado, como herramienta principal para lograr la disrupción de este delito, que afecta de manera significativa los ecosistemas, las comunidades y la economía en el territorio nacional. De ahí, la importancia que representa fortalecer la estrategia actual contra esta actividad ilícita, empleando toda la capacidad institucional en lo social, jurídico, ambiental, económico y militar, con el propósito de establecer dinámicas determinantes dentro del proceso de transformación de criminalidad y legalidad, y, asimismo, alcanzar mejores prácticas en las etapas de exploración, desarrollo de la actividad minera y explotación económica, que desencadenan los fenómenos de afectación institucional y que no permiten cumplir con las expectativas de la población en lo concerniente a las oportunidades de desarrollo sostenible con equidad.

La presente Estrategia ha sido conceptualizada y presentada de tal forma que su asimilación no se torne compleja, propiciando su practicidad, así como su adecuada ejecución.

Colombia es un país bioceánico, cuya extensión marítima equivale al 44,8% del territorio continental colombiano; adicionalmente, el País tiene una gran riqueza fluvial, la cual incluye 136 ríos principales, que comprenden 15.744 km lineales, de los cuales 12.660 km son navegables (Comisión Colombiana del Océano, 2020). Esta riqueza hídrica ha sido puesta de manifiesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 (Departamento de Planeación Nacional, 2019), indicando que es un recurso estratégico de la Nación. Dada la anterior condición, resulta oportuno plantear una Estrategia de Defensa y Seguridad Nacional Marítima y Fluvial, una estrategia de segundo nivel, derivada de la Estrategia Multidimensional de Seguridad Nacional, en la cual haya sinergia entre las diferentes Instituciones del Estado y la sociedad en general, razón por la cual, deben existir políticas públicas tanto en lo marítimo como en lo fluvial, de parte de las diferentes autoridades con injerencia en ambos ámbitos; en este sentido, la Armada de Colombia tiene una estrategia de seguridad marítima y fluvial integral, a su nivel correspondiente. El presente documento inicia analizando el contexto y entorno marítimo y fluvial, describiendo las interacciones de mares y ríos con los países, las sociedades, las pequeñas comunidades y su interconexión con el medio ambiente y el cambio climático, donde se resalta la importancia que tienen ambos ámbitos para el desarrollo y supervivencia del ser humano. También se infiere sobre la normatividad jurídica nacional e internacional que regula el uso sostenible de los recursos hídricos y se relacionan determinados conceptos, algunos de ellos nuevos, que son importantes para interiorizar y concienzar el alcance de la presente estrategia. Luego la estrategia plantea el “qué” proteger, y para ello se relacionan los imperativos geopolíticos colombianos y los intereses nacionales, como la forma de aproximación a los intereses marítimos nacionales relacionados en la Política Nacional de los Océanos y Espacios Costeros y el CONPES “Colombia Potencia Bioceánica Sostenible 2030” (Vicepresidencia de Colombia, 2020), para finalmente plantear, por primera vez, en un documento formal, los intereses fluviales colombianos. Siguiendo la misma lógica, el documento indica “de qué” se deben proteger los intereses marítimos y fluviales de la nación y para ello, se relacionan los riesgos, peligros y amenazas que los acechan, de manera que permitan establecer los factores de inestabilidad marítimos y fluviales sobre los cuales se enfoca la estrategia. La Estrategia presentada se articula con la Estrategia Multidimensional de Seguridad Nacional, tanto en lo marítimo como en lo fluvial, donde se establecen los fines de la misma a través de la definición de un objetivo estratégico general y seis objetivos específicos, se proponen los modos para alcanzarlos a través del planteamiento de líneas de acción por cada uno de los objetivos específicos, debidamente alineadoson el objetivo estratégico general de la Estrategia. Los medios para alcanzar los fines quedan implícitamente establecidos, a través de la inferencia que de ellos se puede hacer en las líneas de acción propuestas. Finalmente, es importante mencionar que esta Estrategia requiere una coordinación de alto nivel para que se puedan sincronizar a través de un plan de acción interinstitucional los esfuerzos y recursos de todas las entidades que tienen competencias sobre los escenarios marítimos y fluviales del país.

La Estrategia de Ciberdefensa y Ciberseguridad establece los lineamientos para desarrollar capacidades ofensivas, defensivas, disuasivas y de inteligencia para la protección del Estado, definiendo estándares y compromisos para asegurar el manejo de la información digital como una forma de gestionar y mitigar el riesgo frente a un ciberataque, manteniendo la capacidad de resiliencia para responder, recuperar y restaurar las áreas afectadas.
 La Estrategia se centra en la integración, interacción y cooperación entre el sector público y privado de manera transversal, comprometiendo todos los campos político, económico, sicosocial y militar. Integra aspectos legales y estratégicos y la coordinación internacional con énfasis en dos áreas: tecnológico y judicial.
 Define riesgos, amenazas y desafíos; traza un límite no superior al 2024 para el desarrollo de la industria digital nacional y la gobernanza del internet, teniendo en cuenta los cinco pilares establecidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones: medidas legales; medidas técnicas; medidas organizacionales; capacidades de construcción y desarrollo; y medidas de cooperación. Así mismo, se considera de vital importancia establecer el diseño específico de los diferentes planes de carrera y de capacitación al interior de cada una de las instituciones, lo que finalmente, nos permitirá fortalecer los mecanismos defensivos en Ciberdefensa y Ciberseguridad en nuestro país.

La necesidad del Estado colombiano de diseñar una estrategia de comunicación oficial viene dada por la vertiginosa velocidad de la tecnología y los cambios en el modo como los medios de comunicación transmiten sus mensajes. En la era digital, los medios de comunicación dejaron atrás los elementos análogos e impresos para dar paso a una nueva gama de oportunidades, en las cuales organizaciones y particulares tienen la capacidad de difundir información en forma rápida y con una cobertura extensa que les permite divulgar puntos de vista, creencias, valores y posiciones que generan gran impacto en la sociedad, crean tendencias e influyen en la toma de decisiones. Así, el uso del internet, del ciberespacio y de la tecnología puede darse con fines que beneficien al Estado colombiano y la institucionalidad, o por el contrario, para diseminar contra narrativas que afectan los intereses nacionales y la misma seguridad nacional del Estado. Es por esto que, sin duda alguna, el Estado colombiano debe generar una estrategia de comunicaciones que posicione el uso y control de la tecnología en aras de facilitar que se expresen los resultados y la gestión del Estado, incluyendo decisiones, información y órdenes (decretos y leyes); promueva los valores y la identidad nacional, así como los intereses y objetivos de seguridad nacional del Estado; y así mismo, contrarrestre toda contra narrativa y estrategia de desinformación doméstica o foránea que sea nociva para la unidad, la confianza y la tranquilidad de la nación colombiana. Esto sin querer decir que el Estado viole la libertad de expresión o libertad de prensa de los colombianos, ya que el propósito es hacer más efectivo y transparente el derecho que tienen todos los miembros de la sociedad a expresarse libremente y protestar pacíficamente. Esta estrategia de diplomacia pública y comunicaciones estratégicas debe buscar brindarle legitimidad al Estado colombiano, a través de los principios de transparencia y acceso a la información pública, enmarcados en el artículo tercero de la Ley 1712 de 2014.