El presente trabajo tiene por objeto conocer los ajustes de procedimiento que se desarrollan durante los procesos judiciales ante hechos constitutivos de abuso o agresión sexual cuando la víctima presenta una discapacidad intelectual o del desarrollo (DID). Además, analiza las características de víctimas con DID y agresores, aportando información adicional sobre el proceso de denuncia. Para ello, se analizaron un total de 56 sentencias resueltas en un periodo de cuatro años (2014-2018), extrayendo información objetiva de las mismas con respecto a los aspectos más relevantes referidos a la víctima, el delito, el agresor y al proceso judicial. Del análisis realizado podemos concluir la existencia de multitud de obstáculos que aún siguen presentes en la práctica judicial española, siendo necesaria una formación exhaustiva de las personas vinculadas a los sistemas procesales en aspectos referidos a esta discapacidad: la víctima declara en reiteradas ocasiones, especialmente cuando se juzga un delito de agresión sexual, sin ningún tipo de adaptación o apoyo profesional. Señalamos asimismo la necesidad de evaluar la huella psicológica que pudiera presentar la víctima, así como desterrar mitos con respecto a las discapacidades del desarrollo que dificultan el derecho a acceder y participar en los procedimientos judiciales en condiciones de igualdad.

La pandemia de COVID-19 tuvo en su primera oleada entre marzo y mayo de 2020 un impacto enorme sobre el sistema sanitario español. La saturación del mismo y la escasez de recursos materiales y personales obligaron a tomar decisiones que implicaban la priorización de la atención de unos pacientes sobre otros. La toma de estas decisiones se hizo en la mayoría de los casos sin tomar en consideración las características, las necesidades y los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo cuando no basadas en sesgos negativos sobre el colectivo. Se analiza la situación creada durante el primer pico pandémico y se extraen conclusiones relevantes para la preservación del derecho a la salud.