La pandemia de COVID-19 tuvo en su primera oleada entre marzo y mayo de 2020 un impacto enorme sobre el sistema sanitario español. La saturación del mismo y la escasez de recursos materiales y personales obligaron a tomar decisiones que implicaban la priorización de la atención de unos pacientes sobre otros. La toma de estas decisiones se hizo en la mayoría de los casos sin tomar en consideración las características, las necesidades y los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo cuando no basadas en sesgos negativos sobre el colectivo. Se analiza la situación creada durante el primer pico pandémico y se extraen conclusiones relevantes para la preservación del derecho a la salud.

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