<p>El presente artículo se propone analizar los principales problemas evidenciados por la comisión de evaluación del sistema de responsabilidad penal para adolescentes (CESRPA) a la luz de las doctrinas sobre la prisión de la Escuela de Frankfort, la Escuela Crítica del Derecho Penal y el <em>New Punitiveness </em>estadounidense representado por Loïc Wacquant. Mediante una investigación cualitativa de la relación entre las estructuras sociales y el sistema penal, se pretende demostrar que si bien el sistema de responsabilidad penal para adolescentes (SRPA) recoge los principales instrumentos internacionales ordenadores de la privación de la libertad para los menores de edad y se asienta sobre el tratamiento diferenciado y el paradigma de protección integral y corresponsabilidad, este ha fracasado porque lleva tras de sí los problemas que durante mucho tiempo han evidenciado los estudios críticos sobre el derecho penal y la cárcel, especialmente los problemas y las finalidades no declaradas que suscita el internamiento, la disciplina impuesta, la adecuación para el sistema productivo y la victimización dentro de los centros cerrados, con consecuencias terribles para los derechos fundamentales de los adolescentes objeto de este sistema.</p>

Los doce juicios posteriores de Núremberg fueron juicios personales adelantados contra criminales nacionalsocialistas por el Tribunal Militar Nacional Americano en la ciudad de Núremberg. Los doce procesos se dividieron en profesiones y gremios dentro del gobierno nazi. En el caso Flick, el caso de I.G. Farben y el caso Krupp fueron condenados grandes industriales alemanes por su participación en la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante la segunda guerra mundial. En estos procesos fue revelada la relación entre la industria alemana y el régimen nazi. Además, se establecieron criterios para investigar y juzgar este tipo de macrocriminalidad y determinar la responsabilidad penal de directores de firmas y empresarios de acuerdo al derecho penal internacional. Estos criterios, pueden ser importantes para estudiar casos como el colombiano, en donde se investiga a miles de civiles que pertenecieron a corporaciones y empresas y que estuvieron involucrados en la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad durante el conflicto armado.

Actualmente el derecho penal se encuentra en permanente expansión, provocado por el aumento de los tipos penales, la inflación punitiva y el populismo penal, fenómeno que en Colombia ha llevado a alcanzar índices de hacinamiento desbordados en las prisiones con graves implicaciones en los derechos humanos de los internos; esta situación es causada por la transformación profunda en la sociedad colombiana generada por el ascenso del neoliberalismo -en la economía, la cultura y la política-y el neoconservadurismo, que le atribuyen al sistema de justicia penal y a la prisión nuevas funciones diferentes a las aceptadas en el discurso tradicional.

El tratamiento jurídico de las víctimas políticamente complejas, es decir, las víctimas que tienen una responsabilidad en los hechos que condujeron a su propia victimización dentro del conflicto armado, ha correspondido con la tradición jurídico-filosófica del derecho penal del enemigo, en donde el derecho es usado como arma de guerra e implica el desconocimiento total de los derechos humanos de los considerados enemigos y la impunidad para los agresores, situación que ha cambiado a partir de las condenas al Estado colombiano y a miembros de lasFuerzas Militares por desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de víctimas políticamente complejas, especialmente en el caso del Palacio de Justicia, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tribunalesnacionales.

La prisión como mecanismo punitivo ha desdibujado las funciones y fines de la pena, vulnerando los derechos humanos reconocidos por tratados internacionales; derechos que si bien no son absolutos deben ser respetados, más aún cuando los sujetos privados de la libertad se encuentran bajo el amparo del Estado. En Colombia el hacinamiento carcelario se presenta como uno de los mayores inconvenientes dentro del sistema penal, en tanto muestra la aplicación de una política criminal producto de la criminología mediática y el populismo punitivo, contrariando los principios de un estado social de derecho.