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El Aseguramiento Universal en Salud constituye una de las principales políticas públicas impulsadas en la última década en nuestro país, y se ha mantenido por más de cuatro administraciones nacionales en la agenda política. Los avances en este proceso pueden verse reflejados en el incremento en la cobertura de afiliación a algún tipo de seguro de salud, que para el caso del Seguro Integral de Salud (SIS), fue ampliada de 19,4% en el año 2006 a 50,2% para el año 2015 (Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO). Sin embargo, es posible evidenciar que mientras en el 2006 el 44,9% de los afiliados al SIS buscaban atención por problemas de salud en establecimientos del MINSA o de las redes de salud públicas de los Gobiernos Regionales, en el año 2015 este porcentaje disminuyó a 31,7%. Estos resultados obligan a prestar atención a otros factores que estarían restringiendo la mejora en el acceso a los servicios de salud, especialmente en pobladores pobres protegidos financieramente. Entre los retos para incrementar la cobertura prestacional se encuentran la brecha de infraestructura y equipamiento de servicios de salud, la poca articulación de los establecimientos de salud del primer nivel de atención, la subutilización de la oferta pública existente y recurso humano no bien remunerado con escasos o nulos incentivos.

(CUS) orientó a los países a desplegar sus mayores esfuerzos en la ampliación de la proporción de población protegida, la delimitación y ampliación de sus planes de beneficios, así como en la provisión de recursos financieros que permitan respaldar el pago de las prestaciones brindadas. En nuestro país, a través de la implementación de la política de aseguramiento en salud, ha sido posible arribar a importantes logros, evidenciando, sin embargo, un insuficiente efecto en el acceso oportuno y en la satisfacción de las necesidades de salud de gran parte de la población. En el presente artículo partimos por destacar los principales avances y limitaciones en el proceso hacia una CUS, orientando el desarrollo de la agenda pendiente, sobre la base de los planteamientos emitidos por Organizaciones Internacionales que apuntan hacia una mejora de los sistemas de salud a nivel global. Los desafíos pendientes incluyen esfuerzos de involucramiento y articulación de los diversos actores, en la tarea de rediseñar los procesos de atención, fortalecer la dimensión ética de su ejercicio, así como promover la participación ciudadana en la generación de un sistema de salud de alta calidad, que permita un acceso efectivo y oportuno a servicios de salud; ello obliga a adoptar medidas que alcancen a todo el sistema de salud, orientadas en una visión compartida y liderada por los responsables de su conducción y gobierno.

Desde mediados del siglo XIX, frente a las epidemias de cólera que arrasaron Europa, las autoridades sanitarias de los países afectados identificaron la necesidad de generar mecanismos que garanticen una máxima seguridad contra la propagación internacional de enfermedades, con una mínima interferencia en el tráfico mundial. En noviembre de 1924, durante la VII Conferencia Sanitaria Panamericana celebrada en La Habana, Cuba, los gobiernos de 21 repúblicas americanas firmaron y ratificaron el Código Sanitario Panamericano con dicho objetivo, sostenido en la cooperación de los gobiernos, que estimulaba el intercambio de información, y fortalecía las acciones de Salud Pública y la adopción de medidas utilizadas en los puntos de entrada.En el año 1951 los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptaron el Reglamento Sanitario Internacional que, luego de diversas revisiones y actualizaciones, condujo a un acuerdo internacional jurídicamente vinculante, suscrito en el año 2005 por 196 países, que incluían a todos los estados miembros de la OMS con el objetivo de ayudar a la comunidad internacional a prevenir y dar respuesta a los riesgos graves para la salud pública que tengan la capacidad de cruzar fronteras y amenazar a la población mundial (1) .A pocas horas de celebrar el inicio del nuevo año 2020, la OMS fue informada por las autoridades de China de 27 casos de neumonía de etiología desconocida en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, que afectaba a personas vinculadas con un mercado de productos marinos y de venta de animales. Pocos días después se comunicó la identificación de un nuevo coronavirus como posible agente etiológico, distinto al SARS-CoV, MERS-CoV, influenza y otras infecciones respiratorias que habían afectado a diversos países de la región, que se ha denominado como "2019-nCoV" (2) .El 30 de enero de 2020, el Comité de Emergencia para el Reglamento Sanitario Internacional de la OMS, declaró el brote de 2019-nCov como una "Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional" (ESPII). Una semana después, ya habían sido reportados 24 554 casos confirmados a nivel global, de los cuales el 99,2 % se encontraban en China, y el 0,8 % restante 24 países en Asia, Australia, Europa y América del Norte, por lo que la OMS consideró el riesgo de propagación como "muy alto" en China y "alto" en el resto del mundo. Para este momento, el número de defunciones ascendía a 491, lo que implicaba una letalidad muy próxima al 2 % (3) .A pesar de las medidas adoptadas, durante la siguiente semana el número de casos y defunciones fue en aumento, llegando a 42 708 casos diagnosticados y 1017 fallecidos solo en China. Para esta fecha se contabilizaban 393 casos en 24 países y una muerte, con lo que alcanzó una letalidad de 2,36 %. Estudios realizados pudieron determinar que el 83 % de los casos fueron identificados como conglomerados familiares, otros provenían de escuelas, supermercados o lugares de trabajo, lo que traduciría una insuficiente "conciencia de protección", como no usar tapabocas ...

Médico especialista en Medicina Integral y Gestión en Salud; b médico especialista en Gestión en Salud, c médica cirujano, d médico cirujano, doctor en Salud Pública