El trabajo aborda la conceptualización y la delimitación de dos ámbitos –la Economía Social y el Tercer Sector– que presentan contornos comunes y fronteras difuminadas en un momento en el que ambos están desarrollando un papel fundamental, a propósito de la crisis económico y social surgida con motivos de las medidas adoptadas a raíz de la crisis sanitaria. Para ello, se analizan los distintos tipos de entidades que pertenecen a cada sector y se profundiza en las características propias de cada uno, partiendo del basto y riguroso trabajo desarrollado por la doctrina y los múltiples organismos que los representan, como el Comité Económico y Social, que ha desempeñado una indelegable labor en la elaboración de un concepto de Economía Social capaz de discernir entre los elementos que identifican la economía puramente privada o la pública, mediante la materialización de lo que conocemos como La Carta de Principios de la Economía Social. España ha sido pionera en aprobar una Ley de Economía Social, aunque se carece de un reglamento que la dote de una aplicación jurídica palpable. Por otra parte, la publicación de la Ley estatal del Tercer Sector de Acción Social ha constituido un hito significativo, aunque la ausencia de una normativa sobre la figura genérica aboca a una cierta confusión respecto a las entidades que se integran en la definición. Precisamente, el estudio pretende dotar de claridad sobre este aspecto, incidiendo en las perspectivas de futuro que presentan ambos sectores.

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El Tercer Sector ha sido desde sus inicios un agente económico y social dependiente de recursos económicos externos. Junto a las formas tradicionales de financiación, como las donaciones o el mecenazgo, han aparecido nuevos sistemas basados en la tecnología blockchain, como son las criptomonedas. Sus características y amplias funcionalidades dotan de flexibilidad, simplicidad y seguridad a los intercambios y prestaciones de bienes y servicios. En los últimos años ha proliferado su uso, haciéndolas accesible a una gran parte de la población. No obstante, en algunos casos las criptomonedas tradicionales se están utilizando como instrumento de especulación, lo que está teniendo importantes efectos negativos, no solo en cuando a la justicia social, sino también sobre el medio ambiente, debido a su sistema de creación basado en el minado.  Frente a este modelo, están adquiriendo una enorme popularidad las criptomonedas sociales, que por sus características y principios pueden integrarse en las relaciones económico-financieras de las entidades del Tercer Sector, sin tener un impacto sobre nuestro entorno. Especial consideración merece la denominada ?1, “Juna” o Moneda Libre, por el nuevo paradigma que plantea, al no estar respaldada ni por bienes o servicios, ni por moneda fiduciaria. En el presente trabajo se analizan las repercusiones tributarias de su uso, así como la idoneidad de su utilización como sistema complementario de financiación digital y verde para el Tercer Sector.