El Tercer Sector ha sido desde sus inicios un agente económico y social dependiente de recursos económicos externos. Junto a las formas tradicionales de financiación, como las donaciones o el mecenazgo, han aparecido nuevos sistemas basados en la tecnología blockchain, como son las criptomonedas. Sus características y amplias funcionalidades dotan de flexibilidad, simplicidad y seguridad a los intercambios y prestaciones de bienes y servicios. En los últimos años ha proliferado su uso, haciéndolas accesible a una gran parte de la población. No obstante, en algunos casos las criptomonedas tradicionales se están utilizando como instrumento de especulación, lo que está teniendo importantes efectos negativos, no solo en cuando a la justicia social, sino también sobre el medio ambiente, debido a su sistema de creación basado en el minado.  Frente a este modelo, están adquiriendo una enorme popularidad las criptomonedas sociales, que por sus características y principios pueden integrarse en las relaciones económico-financieras de las entidades del Tercer Sector, sin tener un impacto sobre nuestro entorno. Especial consideración merece la denominada ?1, “Juna” o Moneda Libre, por el nuevo paradigma que plantea, al no estar respaldada ni por bienes o servicios, ni por moneda fiduciaria. En el presente trabajo se analizan las repercusiones tributarias de su uso, así como la idoneidad de su utilización como sistema complementario de financiación digital y verde para el Tercer Sector.

El trabajo trata de dar respuesta a la cuestión de si la denominación de «casilla de empresa solidaria» y la marca «EmpreXa» que se otorga a las entidades que eligen destinar el 0,7% de la cuota del Impuesto sobre Sociedades a actividades de interés general, consideradas de interés social, se corresponde con algún tipo de actuación o exigencia de carácter solidario. De lo contrario, se proyectaría una idea equivocada de este mecanismo –introducido por la Ley 6/2018, de 3 de julio–, en comparación con las calificaciones institucionales otorgadas a otro tipo de entes que tributan en el mismo impuesto y que sí cumplen determinados principios más cercanos al ámbito de la solidaridad, la ayuda mutua, la democracia, la igualdad, la equidad o la responsabilidad. Además, se estudian las consecuencias que se derivan de la elección de la cuota íntegra del tributo para calcular la cantidad destinada a tal fin. Finalmente se aboga por instaurar un modelo estable para la financiación del TSAS, articulado con una fórmula mixta basada en la recaudación de los tributos personales sobre la renta –para cuantificar el importe a destinar–, y en la figura de los presupuestos participativos.

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