Como en todos los lugares del mundo, la pandemia por covid-19 provocó en Argentina situaciones inesperadas y complejas, no solamente por ser completamente nuevas, sino por su gravedad y por la velocidad de sus efectos. En el ámbito de la salud mental pública se plantearon desafíos muy severos y algunos de ellos fueron atendidos con una enorme dosis de creatividad y cooperación. Un caso singular lo constituyeron los <em>dispositivos de inclusión sociolaboral</em>, término usado en la Ley de Salud Mental Nº 26657 para referirse a las alternativas de atención e inclusión por vía del trabajo. En tanto dichos dispositivos están insertos en diferentes contextos organizacionales (hospitales monovalentes y polivalentes, centros de día, universidades públicas, asociaciones civiles, talleres protegidos, centros de formación profesional y cooperativas de trabajo), se les presentaron cuestiones que dejaron al descubierto más claramente la importancia y necesidad de comprender cómo se efectúa en ellos el trabajo y qué aspectos normativos es preciso continuar revisando para que sus propósitos puedan cumplirse con mayor facilidad. Como punto de partida, sostenemos que estas formas de organizar el trabajo están inscriptas en el sector de la Economía social solidaria por las características que asumen. Nos concentramos en dos aspectos en nuestro análisis: por un lado, los esfuerzos por sostener el acceso al trabajo autogestionado, realizados por parte de dispositivos que participaron de un proyecto de incubación de emprendimientos sociolaborales que pertenecen a la Red de Cooperativas Sociales en Argentina y, por otro, los cambios en materia de política pública (en particular las resoluciones del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 1000/2021 y 1366/22), ya que tuvieron lugar durante y pospandemia y se vieron, en parte, informados por la labor de algunas organizaciones vinculadas a la Red de Cooperativas Sociales, entramado que nuclea a los dispositivos antes enunciados.

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