Las reformas políticas nacionales implementadas para establecer a la minería metálica a inicios de siglo suscitaron una serie de impactos multidimensionales en Ecuador. El objetivo de este artículo es analizar estas políticas mineras y sus repercusiones en el campo económico y social durante el periodo 2000-2006. Para ello, se realizó un estudio documental-descriptivo de los impactos económicos y sociales suscitados a través del análisis a las reformas en la Ley Trole 2, la estadística sectorial del Banco Central del Ecuador y de entrevistas con autoridades locales. Los resultados demuestran que las políticas implementadas no cumplieron con los propósitos planteados en principio, más bien, en la praxis fueron contradictorias con el discurso de reactivar la economía del Ecuador y, a nivel social, se establecieron como dinamizadores de la conflictividad social. Se concluye que el análisis histórico de los impactos de las políticas que buscan una economía dependiente de sus recursos naturales, debería servir para mantener la exigencia de cambios políticos en favor de un nuevo tipo de gobernanza entre lo estatal y lo local
Desde fines de 1980 hasta la actualidad, la implementación de políticas sociales focalizadas en controlar y mitigar la pobreza de los sectores campesinos más vulnerables de América Latina, especialmente a través del desarrollo de emprendimientos extractivistas en sus territorios, no ha conseguido los resultados esperados por los gobiernos centrales, más bien, esto ha suscitado el descontento de estos actores. En consecuencia, esto ha contribuido a la formación y aparición de nuevos movimientos sociales en la escena pública que se han movilizado en contra de este tipo de emprendimientos. De manera paralela a estos conflictos, desde el mundo académico, y en especial desde la Ecología Política, se han planteado teorías que han generado propuestas para abordar este tipo de conflictos.
Por varias décadas, los problemas por el acceso al aguan han generado levantamientos indígenas y campesinos reclamando por el derecho al agua. A partir de este problema, esta investigación analizó si las nuevas políticas en el Ecuador han garantizado la democratización del agua. Por ende, se revisaron los procesos que se llevaron a cabo para garantizar la democratización de los recursos hídricos en el Ecuador durante el gobierno del Rafael Correa. Para ello, a través de un estudio histórico-descriptivo se estudiaron las bases precedentes a la nueva Ley de recursos hídricos hasta su aprobación. Los resultados sugieren que la nueva Ley garantiza la democratización de los recursos hídricos. Se concluye que, a pesar de los procesos por la democratización del agua, la politización de los discursos de diferentes actores aún influye como un factor de deslegitimación de los éxitos alcanzados.
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