La política pública de salud ha estado guiada en Colombia por el propósito de alcanzar la cobertura universal. La Ley 100 de 1993 planteó la meta de garantizar a toda la población el acceso a los servicios de salud en todos los niveles de atención, con un plan de beneficios igual para todos. No obstante esta promesa, la cobertura universal no se logró en el año 2000 como estaba establecido, y han existido barreras para el acceso efectivo, por lo que los ciudadanos han acudido a la acción de tutela como un mecanismo por el cual los jueces protegen el derecho a la salud. En 2008, en medio de un crecimiento desbordado de las tutelas, la Corte Constitucional profirió la Sentencia T-760 por la cual reconoció la salud como derecho fundamental y estableció órdenes a varios organismos del Estado para garantizar su goce efectivo y hacer cumplir la cobertura universal y el acceso efectivo. Después de diez años, el cumplimiento de estas órdenes es medio, con avances importantes en cuanto a cobertura e igualación del plan de beneficios, pero persisten barreras al acceso y preocupaciones respecto a la sostenibilidad y el flujo de recursos.

Introducción: a pesar de los avances en la cobertura de la seguridad social en salud, la población colombiana enfrenta barreras al acceso. En salud bucal, si bien el plan de beneficios es amplio, la cobertura de los servicios a cargo de las EPS es baja. Objetivo: analizar la cobertura de los servicios odontológicos entre la población afiliada en Medellín en 2015. Métodos: estudio mixto con un componente central cuantitativo para estimar la cobertura esperada, según necesidad normativa y necesidad expresada, y la cobertura real a partir de registros de prestación de servicios de los afiliados que en 2015 accedieron a servicios odontológicos en la red de seis EPS. También se desarrolló un componente cualitativo, a partir de entrevistas a referentes de salud bucal en las EPS. Resultados: para atender las necesidades de la población afiliada se requerían en el año 9.6 millones de actividades de protección específica y detección temprana, siguiendo los lineamientos normativos, y 6.8 millones de actividades para atender los diagnósticos de caries y periodontitis. La cobertura real apenas habría sido del 10,6%, y en las EPS del estudio entre 16% y 23%. Conclusión: la brecha entre los servicios necesarios y los prestados supera el 70%, lo cual puede deberse especialmente a factores sociales y culturales y a una baja demanda inducida. A la par con mayores recursos, esto debe ser tenido en cuenta para mejorar la cobertura y lograr un mayor impacto en salud bucal.