Este artículo se ha elaborado en el marco de los proyectos de investigación «Estados Unidos y la España del desarrollo (1959-1975): diplomacia pública, cambio social y transición política» (Ministerio de Economía y Competitividad, HAR2010-21694), y «Difusión y recepción de la cultura de Estados Unidos en España, 1959-1975» (Instituto Franklin-UAH).

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From the end of the 1950s, Spain’s political leaders felt the need to promote changes in the educational system that would bring it up to date and give more space to practical content and technical training. International organizations played a leading role in the propagation of these new ideas and organizational practices for the training of human capital and its contribution to economic development. The reports and guidelines of the OECD and UNESCO disseminated prior experiences on educational planning carried out in Latin America, at the same time that they functioned as channels for the transmission of knowledge and teaching methods throughout the 1960s. The modernizing sectors of the Francoist elite (the technocrats) were the main liaisons with those international organizations. They were convinced that it was necessary to reform an obsolete and class-based system to adapt it to the demands of a society that was undergoing a strong process of economic growth. Such schemes, likewise, proved useful to the political project of authoritarian modernization that was propping up the Franco dictatorship. This text will examine the relationship of the Spanish state with the international organizations that provided advice and funding to undertake a set of changes in education, changes that would culminate in the General Education Law of 1970 at the start of the following decade.

En el transcurso de los años 60 la OCDE, a través del Programa Regional Mediterráneo, cooperó con las autoridades españolas para promover cambios educativos en el país que afianzasen el crecimiento económico. El objetivo era integrar a España en la «global architecture of education», que concebía las inversiones en formación de capital humano como un factor imprescindible para garantizar el desarrollo y la modernización de las estructuras productivas. En una dirección similar cooperaron la UNESCO, el Banco Mundial y otras organizaciones internacionales, favoreciendo la asistencia exterior en la difusión de métodos y conocimientos que influyeron en la reforma de la enseñanza acometida en España. Los planteamientos recogidos en el PRM se convirtieron en una guía orientadora para las autoridades españolas y se trasladaron a los Planes de Desarrollo, aunque más como tendencias que como realidades, al incumplirse sistemáticamente las previsiones. Pese a todo, aquella influencia internacional significó una apertura a métodos pedagógicos renovadores de la práctica docente y un revulsivo frente a un sistema anquilosado, reaccionario y clasista, que contribuyó a su paulatina transformación. Al inicio de la década siguiente se ensayó una reforma de contenido más global, con la Ley General de Educación de 1970, integrando la dimensión económica con la promoción social para atenuar los conflictos políticos que erosionaban a la dictadura. De nuevo su resultado fue mediocre, esta vez por el efecto combinado de los detractores de dentro y fuera del régimen franquista.

El ingreso de España en la Organización Europea de Cooperación Eco