El objetivo de la investigación, es determinar si la jubilación en Ecuador es un derecho o una simple prestación adscrita a la seguridad social, con la finalidad de aclarar si la misma representa una obligación o simplemente es una prestación más de la seguridad social que pretenden mantenerla aun a costa de sacrificar al afiliado. Es una investigación de tipo cualitativa, enmarcada dentro del paradigma naturalista, el cual permitió ordenar y comprender las posiciones de los autores sin perder de vista los ejes temáticos planteados. La investigación documental se hace presente desde un enfoque hermenéutico, aprovechando las diferentes fuentes secundarias, que refuerzan los resultados de la investigación y soportan las conclusiones de la misma. Los resultados del estudio, determinan que la jubilación en Ecuador es un proceso donde se pueden conjugar elementos económicos, sociales, psicológicos, entre otros, que de alguna manera repercuten en los trabajadores que ya se encuentran en el mismo y los futuros potenciales a pertenecer a este ciclo. La vida cotidiana del trabajador que enfrenta esta situación de jubilado, se debe contrarrestar con programas de ayuda que le permitan al jubilado, integrarse en la sociedad y que no piense que la jubilación está atada a la vejez y que ya no puede formar parte de la sociedad. El Estado Ecuatoriano hace esfuerzos, en cuanto a no solo respetar al jubilado en cuanto a remuneraciones mensuales, sino que al mismo tiempo, redobla sus esfuerzos para que los responsables de que se cumplan las leyes, lo realicen de forma efectiva y transparente. La idea es que el trabajador, en calidad de retiro, pueda tener una vida digna y respetuosa hasta el final de sus días.

Dentro del presente trabajo se habrá de tratar: “La acción constitucional para proteger el derecho a la seguridad social.” Puesto que, a pesar de que la seguridad social se halla garantizada en Ecuador, en la práctica se presentan problemas en su ejercicio, como es el caso de reducir intencionalmente el pago que corresponde por jubilación, con la clara intención de eludir la responsabilidad patronal. Otra experiencia ecuatoriana que debe referirse, es que las instituciones de la seguridad social se resistan a prestar el servicio hospitalario que se debe por ley a la familia del asegurado. Ante estos eventos, ha sido necesario que la Corte Constitucional emita sentencias que compelan a cumplir con la seguridad social, por lo que este trabajo referirá a la experiencia que existe sobre esta materia. La metodología a ser utilizada en la investigación es deductiva, exploratoria y descriptiva. Se utilizará un enfoque cualitativo, por ser el propio de las ciencias sociales y más puntualmente del Derecho.

Durante los últimos años, en el país se han activado diferentes procesos de reforma constitucional encaminados a instituir la reelección presidencial indefinida, permitiendo con dicha acción que una misma persona postule a la presidencia de la república sin restricción alguna y es ahí donde han surgido una serie de inconvenientes pues de acuerdo a la Constitución existen dos procedimientos de reforma, la primera y quizá la más democrática en la cual los actores principales son los ciudadanos pues a través de un referéndum aprueban o rechazan su realización. Mientras que, una segunda opción recae en la iniciativa de los miembros de la Asamblea Nacional, la cual rompe el principio de rigidez constitucional y vulnera directamente la democracia como sistema de gobierno y de participación. Con estos antecedentes, el objetivo del estudio se centra en demostrar que la aplicación de una enmienda vulnera los derechos ciudadanos, para lo cual fue necesario analizar casos específicos suscitados en el país. En tal virtud, la metodología utilizada se centra en un enfoque cualitativo de orden bibliográfico. Dentro del análisis se tomaron en consideración las propuestas de Rafael Correa y Lenin Moreno, el primero que a través de una enmienda constitucional buscó la reelección indefinida, mientras que el segundo a través de un referéndum buscó eliminar dicha reforma. En base a lo expuesto, se puede concluir que, los cambios al texto constitucional siempre intentan beneficiar a los grupos políticos predominantes en lugar de proteger los derechos constitucionalizados de los ciudadanos, siendo este comportamiento el que termina alterando la estabilidad de la democracia.

El nuevo marco legal que se instauró a raíz de la Constitución aprobada el año 2008 ha dado paso a un reconocimiento importante de derechos a las personas. No obstante, en la actualidad dentro del ámbito procesal podría ocasionar una vulneración de los derechos constitucionalmente reconocidos, a causa de la contradicción que se registra entre las normas que promueven el Activismo Judicial y las que impulsan el Garantismo constitucional. Bajo este contexto la metodología empleada dentro del presente estudio esta dado bajo una investigación bibliográfica, la misma que permitió tener un esquema preciso del garantismo constitucional frente al activismo judicial sobre todo lo que concierne al debido proceso de la administración de justicia en el país. Por otro lado, también se utilizó el criterio de dos profesionales en el ámbito del Derecho para conocer más de cerca la situación actual del país en relación a las variables objeto de estudio. Finalmente, se puede establecer que las Garantías Constitucionales constituyen herramientas jurídicas que son utilizadas para de alguna manera evitar, frenar o enmendar la violación de cualquier Derecho que se encuentre reconocido dentro de la Constitución, mientras que el origen del Activismo Judicial se remonta a la Edad Media, en donde, el accionar mismo del Santo Oficio derivó en el otorgamiento de concesiones mayores hacia los jueces. Característica que aún continúa siendo uno de los fundamentos de la doctrina activista en los actuales momentos, obviamente, a través de argumentos diferentes a los adoptados por la Inquisición.

Producto a la emergencia sanitaria originada por la pandemia del Covid-19, el mundo laboral sufrió un fuerte impacto; en el Ecuador se adoptaron medidas emergentes para proteger a los trabajadores y menguar el impacto provocado por esta crisis; así como para contrarrestar la inoportuna aplicación del artículo 169 numeral 6 del Código del Trabajo. Durante el estado de excepción emitido mediante Decreto Ejecutivo 1017 del 16 de marzo de 2020. El objetivo del presente trabajo es analizar la inconstitucionalidad de la disposición interpretativa de dicho artículo como parte de las medidas de apoyo humanitario dictadas a favor de las garantías de la continuidad de la relación laboral en la emergencia sanitaria y los efectos de su inadecuada aplicación; para ello se realizó una investigación descriptiva fundamentada en los métodos exegético, hermenéutico e histórico-lógico. Se concluye que, la utilización abusiva e injustificada de la causal 6 del Art. 169, del Código del Trabajo afectó la fuerza laboral del país, pues las leyes y reglamentos del Ecuador eran entonces insuficientes para garantizar el principio de continuidad o estabilidad laboral, por razón de caso fortuito o fuerza mayor, lo que indica la violación del derecho al principio de estabilidad en el trabajo.